Un 4 de diciembre de 1944 se firmó el régimen de jubilación para los Empleados de Comercio, de la mano del entonces secretario de trabajo y previsión de la Nación, Juan Domingo Perón, quien reivindicó y determinó que los trabajadores tuvieran representación en cada una de sus etapas en el Gobierno, con los principios innegociables de justicia social, independencia económica y soberanía nacional.
El proceso de autodeterminación popular que quería implantar como sistema de representación ciudadana el peronismo debía estar precedido de una dignificación social. El capitalismo y su ideología individualista había provocado la exclusión de los pueblos de las decisiones políticas y la explotación brutal y la postergación de los trabajadores, que eran tratados prácticamente como animales, sin ningún tipo de contemplación ni reconocimiento de sus derechos.
Cualquier organización política popular debía pasar previamente por un proceso de justicia social y de dignificación de esas clases postergadas y olvidadas. Recuperar el sentido de dignidad y solidaridad de los trabajadores era el paso previo para su organización política. No era solamente un acto de solidaridad cristiana, era un acto profundamente anticolonialista y revolucionario.
Este proceso de dignificación social comenzó a ser desarrollado por el coronel Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Previsión. Significó la implantación de los derechos negados a los trabajadores.
El peronismo fundacional creó un sistema equitativo y solidario, su propósito primordial era garantizar la dignidad de los trabajadores jubilados.
En 1944 sólo el 7% de la población económicamente activa estaba afiliada a las distintas cajas de jubilaciones. Con el impulso de Juan Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde la presidencia de la Nación, ese porcentaje aumentó rápidamente, con la creación de la Caja para Empleados de Comercio y la del Personal de la Industria, a las que más tarde seguirían las de trabajadores rurales, personal doméstico, autónomos, profesionales y empresarios.
En menos de una década, la totalidad de la población activa había quedado cubierta. Los fondos en gran medida fueron colocados en títulos públicos de largo plazo.
Las cajas creadas funcionaron en forma independiente y dieron un superávit muy elevado. En 1953 una ley nacional confirmó su autarquía. Al año siguiente, el haber jubilatorio empezó a calcularse mediante una escala independiente de los aportes acumulados por cada beneficiario.
Se abandonó la idea de capitalización individual y se pasó explícitamente a un sistema de reparto entre ingresos y egresos corrientes, lo que de manera equivocada fue considerado como un caso de «estatización».
PERÓN Y LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN
