Veteranos de la guerra de Malvinas recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ratificar su denuncia de que durante el conflicto bélico contra el Reino Unido de 1982 oficiales y suboficiales del Ejército argentino cometieron delitos de lesa humanidad en las islas, en perjuicio de soldados conscriptos que tenían bajo su mando.
Así lo anticipó a NA el presidente de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos (ACOMADEH), Gustavo Pirich, quien integró la compañía A del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata y participó, entre otros, de los combates en el cerro Wireless, en la isla Soledad, la última batalla antes de la rendición argentina.
La decisión de los exsoldados de llevar el caso ante la CIDH, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se produce después de que la Corte Suprema de Justicia desestimara en febrero pasado un recurso de queja presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata en el que reclamaba que se investiguen crímenes contra la humanidad cometidos en las islas.
El máximo tribunal de la Nación demoró tres años en pronunciarse al respecto y emitió un breve dictamen apenas días después de la renuncia de Raúl Zaffaroni, quien de acuerdo con los exconscriptos estaba interesado en avanzar con la causa, iniciada en 2007 en Tierra del Fuego con la presentación de más de un centenar de denuncias de soldados por torturas y otras vejaciones e incluso por presuntos casos de asesinatos.
«No fueron casos aislados, fue una metodología que llevaron adelante (los militares). Hacían lo que estaban acostumbrado a hacer acá en el territorio en la época de la represión. Llevaron los mismos métodos a Malvinas. Eran lo que sabían hacer, estaban entrenados para eso. Se les olvidó que éramos del mismo bando, pequeño detalle», subrayó Pirich.
«Era algo sistemático. Te torturaban por ir a sacar comida a algún depósito, por carnear alguna oveja, por alguna discusión con oficiales o suboficiales, o por nimiedades», insistió, y agregó que las denuncias, que involucran a más de 80 militares, incluyen a personal de todos los rangos y de todas las fuerzas involucradas en el conflicto.
Un teléfono convertido en picana
Los oficiales y suboficiales imputados en la causa están acusados de golpes, torturas, de haber estaqueado a soldados (en paños menores y en un contexto de bajísima temperatura) o de haberlos sometido a tormentos psicológico, mediante simulacros de fusilamiento por ejemplo o enviándolos deliberadamente al frente de combate durante semanas enteras.
«Como castigo, te mandaban a la avanzada de combate. Yo estuve un cuarto de la guerra en el frente. Los cambiaban a todos los demás, menos a mí. Una vez un compañero me contó que un cabo los amenazaba diciéndoles que los iba a mandar a la avanzada de combate con Pirich si no lo obedecían», recordó el presidente de la ACOMADEH.
Pirich también aseguró en declaraciones a Noticias Argentinas que a los exconscriptos «los picaneaban» durante la guerra, que se extendió del 2 de abril al 14 de junio de 1982, con 649 muertos en las tropas nacionales como saldo.
«Ellos (los militares argentinos) no tenían picanas, no habían llevado picanas a Malvinas. Entonces usaban unos teléfonos que tenían una batería de baja potencia como picana. A los soldados los mojaban y después los picaneaba con eso», subrayó, y denunció que incluso hubo casos de soldados asesinados por el oficial a cargo.
Pirich, cuya asociación también reclama en la Justicia argentina que el Estado lleve adelante una convocatoria nacional para someter a exámenes de salud a todos los excombatientes a fin de prevenir muertes por enfermedad o suicidio, repudió el fallo de la Corte Suprema del 19 de febrero pasado y confirmó la intención de los denunciantes de recurrir a la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos.
La decisión del tribunal supremo, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, avala un planteo del militar Jorge Eduardo Taranto, uno de los tantos denunciados por crímenes contra la humanidad en Malvinas, quien sostuvo que los delitos –en caso de haber ocurrido– habían prescripto.
«La sociedad necesita saber qué pasó». Pirich aseveró que el Ejército dispone de actas en las que quedaron asentados esos vejámenes a los que fueron sometidos los exsolados conscriptos: «A nosotros cuando volvimos de la guerra los servicios de inteligencia nos preguntaban en Campo de Mayo qué habíamos visto, qué había sucedido en Malvinas. Y nosotros les contamos de las torturas y de todo lo demás. Ellos seguramente archivaron esa documentación», consignó.
Si la Justicia considera que los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad tanto en las islas como en el litoral marítimo patagónico, por tratarse de delitos imprescriptibles, esos militares deberían ser juzgados y sentenciados 33 años después del conflicto bélico.
«Nosotros repudiamos la decisión de la Corte Suprema, que clausura la posibilidad de investigar esos delitos (…) Tres años tardó en decir que por una cuestión reglamentaria no podía expedirse porque no había una sentencia firme. Cómo que no hay sentencia firme, qué es entonces el fallo de Casación», enfatizó el exsoldado.
Se refirió así a la apelación que presentó Taranto y a la resolución favorable que el militar recibió de parte de la Cámara Nacional de Casación Penal, al avalar la supuesta prescripción de los delitos. Luego, el caso, impulsado también por veteranos de Chaco y de Corrientes, llegó a la Corte Suprema.
Pirich lamentó la decisión conocida el mes pasado al señalar que «muchos compañeros estaban esperando el fallo de la Corte para hablar, como un compañero de Puerto Madryn al que le partieron la cabeza con la culata de un fusil. En un encuentro que tuvimos me mostró la herida y me dijo que quería testimoniar».
«¿Cuál es el mensaje que nos da la Corte? ¿Cállense la boca? No nos vamos a callar. Como ése tenemos cientos de casos más y en los próximos meses vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solo queremos que esos delitos sean declarados de lesa humanidad, sino que ordenamos un juicio por la verdad», remarcó.
«La sociedad toda necesita saber qué pasó. En 1982 nos obligaron a cerrar la boca para que no se supiera y hoy la Corte ya en democracia nos pone nuevamente una mordaza. No quieren saber qué pasó», manifestó finalmente Pirich.
