Evalúan pedir el juicio político contra la jueza que desalojó a una familia de Bigand

Legisladores provinciales de distintos bloques evalúan la posibilidad de impulsar el juicio político contra la jueza y ex directora del Instituto de la Mujer de Rosario, Carolina Mozzi, quien ejecutó el desalojo de una familia de Bigand con un gran operativo policial que incluyó camionetas, motos y 50 efectivos solo para echar a un matrimonio de 60 años y con problemas de salud.

Tal publicó Conclusión, el pasado martes 28 de febrero, un nutrido grupo de efectivos policiales llegó hasta la casa familiar de Sandra y Oscar para echarlos de las seis hectáreas que habitan en la localidad de Bigand -perteneciente al Departamento Caseros- y expulsarlos de unas tierras que la familia de Oscar trabaja desde hace más de 100 años con una perspectiva agroecológica.

El operativo incluyó más de 50 efectivos policiales, con camionetas, patrulleros, policías motorizados y tropas especiales, un despliegue que los legisladores santafesinos no solo consideran desmedido e inhumano, sino que también utiliza recursos que deberían estar destinados a trabajar en la crítica situación que atraviesa la ciudad de Rosario.

Este accionar despertó un amplio repudio que trepó hasta la Legislatura de Santa Fe, donde analizan impulsar el juicio político contra Carolina Mozzi, la jueza que ejecutó el desalojo. «Si tenemos los elementos necesarios se va a avanzar en este sentido. Vamos a intentar recabar toda la información para tener una acción de este tipo. Es importante también poder decirle a la Justicia que no tiene carta blanca. Deben moverse en el marco de las leyes y los procedimientos establecidos», indicó la diputada provincial del PJ, Lucila De Ponti, este viernes en declaraciones a Conclusión.

Para el grupo de legisladores, el operativo tuvo un objetivo disciplinador, ya que las tierras fueron reclamadas por la Fundación Honorio Bigand, que administra los bienes del fundador de esa localidad y paulatinamente fue desplazando a los colonos que habitaban el lugar para destinar el total de las hectáreas -unas 3.500- a la producción vinculada a la actividad agroexportadora.

«La última familia que resistía era la de Sandra y Oscar, un matrimonio de 60 años. La familia de Oscar habita esa casa y esas tierras desde hace más de 100 años. Ahí producen y trabajan desde la perspectiva agroecológica. Lo hacían solamente en unas 6 hectáreas (de las 3.500 totales nombradas antes), donde además tenían su vivienda única y criaban una pequeña cantidad de animales para consumo personal y una pequeña comercialización», repasó De Ponti.

«Creo – agregó- que el objetivo disciplinador tiene que ver con poder decir que quien se oponga o intente resistir habitando las tierras y dándoles otro uso vinculado a la vivienda y la agroecología, no va a tener lugar y será rápidamente desplazado por el poder de este tipo de actores. Lamentablemente, lo que realmente nos preocupa es cómo la Justicia ha avalado esto y le ha dado la espalda a un reclamo que era absolutamente legítimo».

El grupo de legisladores que se reunieron este viernes en la sede del Sindicato de Prensa de Rosario para repudiar este operativo estuvo compuesto por las diputadas provinciales Lucila De Ponti (PJ), Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista), Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura) y Agustina Donnet (Igualdad y Participación), el diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y el legislador nacional Eduardo Toniolli (Frente de Todos). Además estuvo presente la coordinadora provincial de Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, Gabriela Durruty.