La Cámara de Diputados retomará este martes, a las 14, la sesión especial para continuar con el debate en particular –es decir, artículo por artículo– de la “Ley de Bases”, aprobada en general el viernes pasado. Sin embargo, aún persisten las diferencias entre el oficialismo y la oposición “dialoguista” sobre facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y privatizaciones de empresas públicas.

En las últimas horas, los legisladores de estos sectores anticiparon que si bien en la tarde de este martes “comenzará el tratamiento” del proyecto, el trámite “va a ser largo” y “puede extenderse tranquilamente hasta miércoles y el jueves”.

Tras tres días de debate, el pasado viernes la Cámara de Diputados aprobó en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre las bancadas de la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

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El fin de semana parecía haber sido el espacio para que el Poder Ejecutivo y los diputados que acompañaron el proyecto acercaran posiciones con respecto a los ejes que mayores rispideces produjeron durante el transcurso del debate, pero no fue así. A la noche de este lunes, el oficialismo todavía no se había comunicado con ninguno de ellos.

Según trascendió, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión a las 14 –presidida por Martín Menem–, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.

Los bloques dialoguistas esperaban respuesta a sus pedidos de reformular un conjunto de artículos, y no descartaban nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

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El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra –sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa– pueden caer varios artículos de la “ley ómnibus”, que el Gobierno Nacional considera esencial para llevar adelante su programa de gobierno.

Los bloques dialoguistas están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias –administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética– y modificaciones en lo que respecta a biocombustibles y entes referidos a la cultura.

En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas, particularmente dentro del ámbito administrativo, ya que entienden que esto podría permitir que se disuelvan o supriman organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, y que se intervengan todos los entes o empresas públicas, incluso las que están vinculadas a los fondos fiduciarios provinciales.

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Los legisladores que no quieren votar facultades delegadas son cuatro de Córdoba, los seis de la Coalición Cívica, con lo cual sumados a los 109 que rechazaron la ley Bases y están dispuestos a votar en contra de todos los artículos, con lo que el oficialismo tiene los votos muy justos para imponer su postura.

Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas, aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.

Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoeléctrica y de Arsat, donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.

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Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.

Otro punto en el que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento, ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).

Los gobernadores juegan sus cartas

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió que, para destrabar el conflicto es el FGS, el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.

Según trascendió, si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

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En este contexto, los bloques dialoguistas mantuvieron este lunes reuniones por separado: los radicales hicieron un repaso general de los más de 300 artículos que empezarán a votarse este martes y no hubo variación de posiciones con respecto a la semana anterior. Un dato llamativo fue la ausencia del diputado Facundo Manes, que le bajó el pulgar al proyecto en la votación general.

Por su parte, el PRO se mantenía alineado en su totalidad con el Gobierno Nacional, mientras que el bloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Ángel Pichetto, se reunió en una oficina de las inmediaciones del Parlamento. La Libertad Avanza tendrá su propio cónclave este martes a las 12:30, a pocos minutos antes del inicio de la sesión.