Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa una reforma estructural en la escuela secundaria a partir de 2018. Se promueve un cambio profundo, ya que no habrá materias independientes, si no que serán integradas en «áreas de conocimiento»; se reemplazará las notas numéricas de 1 al 10 por una sistema de créditos; se acaba la repitencia completa del año (se recuperarán contenidos), y algo que ya genera un profundo rechazo por parte del sector docente: trabajar en el último año de clases.
La reforma se denomina “Secundaria del Futuro” y va en línea con el plan de escuela secundaria 2030 que el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, negocia con sus pares provinciales para que sea aprobado antes de fin de año en el marco del Consejo Federal de Educación.
La propuesta parece haber causado interés en los mandatarios provinciales que adhieren a los cambios, aunque no se tiene completo conocimiento de todos los detalles y alcances de la reforma. El plan diseñado daría un marco general y cada gobernación deberá darle impulso a partir de las singularidades de cada región para avanzar con su propia reforma, siguiendo lo acordado a nivel nacional.
La reforma se inscribe en una serie de cambios que impulsa el Ministerio de Educación nacional y el Consejo Federal, el organismo que reúne a las carteras educativas de todas las provincias, con el objetivo de desalentar la deserción y ajustar las escuelas a los requerimientos del mercado laboral.
“No es nada nuevo. Los que rechazan que los chicos trabajen en el último año y creen que es una reforma pro mercado están equivocados”, es la reiterada respuesta que da un funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que gira en torno a la nueva reforma educativa que planteó el Ministerio de Educación de la Ciudad y que promueve una iniciativa que generó duros debates, consistente en que en el último año de la secundaria los estudiantes de escuelas públicas estarán obligados a trabajar gratis en el sector privado y hacer actividades de emprendedorismo.
Sobre este punto, quien salió al cruce fue el abogado laboralista y diputado nacional Héctor Recalde, quien señaló que se trata «una barbaridad», porque «hay una ley nacional que nosotros modificamos por la que terminamos con el fraude de las pasantías en las grandes empresas».
Para echar sentido común sobre el tema, el prestigioso legislador se preguntó: ¿Qué hace atendiendo el 110 en un call center un estudiante de veterinaria? ¿Cuál es la práctica en su especialidad? Esto se terminó con la ley de pasantías. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno de la ciudad que es el distrito más rico y encima con mayor mortalidad infantil».
Para ofrecer un cuadro de situación sobre lo que acontece en distintas zonas de la ciudad, y como respuesta a la iniciativa de la cartera de Educación, Recalde señaló: «Ni hablar del desempleo en la zona sur. La defensa que están haciendo los chicos en los colegios secundarios es manifiesta. Creo que hay 20 colegios tomados y está bien la defensa. Este es un gobierno, no quiero ser borgiano, ni bueno ni malo, es neoliberal», sentenció el ex presidente de comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
Por otro lado , desde los gremios rechazan el proyecto que intentan aplicar ya que se direcciona a incorporar en las compañías «mano de obra» flexible y barata. Entre tantas, esta fue una de las consignas que esgrimieron en el último paro docente que realizaron algunos sindicatos en señal de rechazo a esta reforma en carpeta, a la que califican de «neoliberal» y al «servicio de las empresas».
Desde el oficialismo optaron por denominarla como “prácticas profesionalizantes”, en tanto quienes se oponen al proyecto hablan de un “claro guiño al sector privado”. Si bien, desde una perspectiva técnica no se la puede llamar pasantías, porque los alumnos no recibirán una recompensa económica (“asignación estímulo”, según la Ley N°26.427) por pasar horas en las compañías que adhieran al programa.
Cabe señalar que más allá de los puntos en disputa, esta modalidad existe actualmente en escuelas privadas y en establecimientos de educación técnica y el Gobierno quiere extenderlas a todas las escuelas de gestión estatal.
