El macrismo vació la mina de carbón de Río Turbio y debe rendir cuentas a la justicia

Foto: Gentileza Flor Guzzetti

Por Aldo Battisacco -Enviado especial a Buenos Aires

«La actual situación que atraviesa la empresa YCRT, es precaria y llena de incertidumbres, ya que las políticas llevadas a cabo por el régimen macrista, con complicidad de representantes políticos de Cambiemos en la provincia de Santa Cruz y ejecutadas por Omar Faruk Zeidan -hasta el momento interventor de la empresa- generó un desastre no solo en materia productiva y de desarrollo de nuestra principal fuente de trabajo, sino también un genocidio y desastre social, ya que nos golpearon y arrasaron muy fuerte el ajuste planificado, vaciamiento y desidia de empresas del Estado, en el caso de nuestra empresa madre de los pueblos de la cuenca, las repercusiones y consecuencias fueron casi devastadoras», sostuvieron en un comunicado los mineros del yacimiento de carbón de Río Turbio.

En  diálogo con Conclusión el minero Alejandro Alaníz, expresó que los trabajadores, «se encuentran hoy en la incertidumbre porque no se sabe que pasará, no se cambió al interventor Omar Zeidan, y no se le aceptó la renuncia para que se haga cargo de la gestión», por otra parte «Atanasio Pérez Osuna, ex intendente de Río Turbio y ex interventor de Yacimientos Carboníferos (YCRT), fue liberado por el Tribunal Oral Federal 7, y le entabló una demanda a Zeidan, que no se sabe donde está».

Alaníz recordó que Pérez Osuna afirmó que «a Cambiemos se le entregó una empresa en funcionamiento, y durante 4 años mientras estuvo Macri en el Gobierno la mina se paró».

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Desde Río Turbio, lo trabajadores destacaron que tuvieron que dar «pelea no solo para defender los puestos de trabajo logrando reincorporar a más de doscientos trabajadores injustamente despedidos, si no que también para mantener abierta una empresa que estaba sentenciada por parte de Mauricio Macri el cierre y abandono de nuestra principal actividad, la cual es sostén de más de 30 mil habitantes y que por generaciones fue el principal sostén».

A ello se agrega que los mineros resolvieron hacer paro, porque la «falta de inversión durante cuatro años generó que las condiciones de seguridad prácticamente no existan, hoy es peligroso bajar, faltan elementos que dan garantía de trabajar en el interior de la mina. No se puede atar un caño con soga o cinta, eso se hace con alambres acerados homologados por el Inti. Las lámparas ya son obsoletas, los rescatadores ya cumplieron su período de vida útil, faltan palas y picotas, puntas de martillos neumáticos para desgranar la pared de la mina. El cableado de iluminación no fue renovado durante estos cuatro años y se siente. Esto es un chiquero».

«Lo único que conservamos hoy son las guardias de seguridad, en una mina que tiene 7 kilómetros de extensión en sentido lateral y 600 metros hacia abajo, solo ingresan los cañistas que controlan las bombas de agua, porque la mina se inunda mucho, estamos debajo de la montaña, esto hace que tenga filtraciones que deben ser expulsadas hacia la superficie. Es la única forma de cuidar la mina». 

Alejandro Alaníz precisó que aún no hablaron con las nuevas autoridades y que con «el nuevo gobierno se espera de la decisión política sobre el destino de nuestra empresa, hecho no menor porque de esa decisión depende el futuro de nuestros pueblos».

«Nuestra empresa es la única empresa minera subterránea a carbón, operada por el Estado nacional a través de la intervención que data del año 2002, paso por una concesión en la década del 90, pero la tenacidad y fortaleza de nuestros pueblos logró recuperarla ya que el concesionario no cumplía con los pliegos licitatorios y la llevó casi al desguace», al tiempo que agregó que «la empresa tenía más de 5 mil empleados, y un complejo ferro portuario, que trasladaba el carbón desde Río Turbio hasta el puerto Punta Loyola ubicado en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz a más de 200 kilómetros», relató Alaníz.

En la misma línea el trabajador explicó, que YCRT contaba con «oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires y en la localidad de Río Turbio con oficinas administrativas, talleres donde se reparaba y acondicionaba los equipos y maquinarias utilizadas en la mina, como también una planta depuradora donde se seleccionaba el carbón en sus diversas granulometrías, una usina de 21 mw que energizaba los equipos mineros y a los habitantes, quedó casi al borde del cierre» y «ante el gran vaciamiento en la década del 90, los pueblos se levantaron para defender y evitar la extinción. El ataque en aquella oportunidad dejó un saldo de mas de 4 mil trabajadores expulsados de la empresa».

«Luego de ser intervenida se comenzó un proceso de recuperación, no solo con inversiones si no que se amplió la capacidad de producción generando nuevas fuentes de trabajo, estas políticas también costó la vida de 14 compañeros en el año 2004», manifestó consternado Alejandro «Pitu» Alaniz.

Respecto de que pasó con el advenimiento del macrismo, el trabajador señaló que había «alrededor de 3 mil mineros, con capacidad de producción de un millón a un millón quinientas mil toneladas anuales, con una usina de 240 MW en proceso de finalización de obra y con un modulo de 120 MW generando energía a través del interconectado, sin embargo esto se destruyó con la oleada neoliberal que trajo ajuste y salvajismo social, con despidos, retiros mal llamados voluntarios, recorte presupuestarios y ataques mediáticos».

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«La amenaza era grave, sin continuidad en la actividad y con el futuro perdido de casi 3 mil trabajadores hubo un recorte de casi mil trabajadores, comenzaron con los retiros extorsivos, con despidos arbitrarios e ilegales en enero del 2018 más de 500 trabajadores recibieron el telegrama en la puerta de sus hogares, llegando a enviar a más de 200 gendarmes para garantizar el cierre de nuestra empresa, ordenado por Macri y ejecutado por Patricia Bullrich, pero nuestros pueblos que tienen memoria de lucha y el legado que nos dejaran nuestros pioneros, nuestros padres, nuestros abuelos, llevaron a que todos se levanten a defender con convicción y coraje el ataque de los Ceos», describió con crudeza Alaniz.

Alaniz apuntó que tuvieron que «enfrentarlos cara a cara en la ciudad de Buenos Aires, llevando el carbón para quemarlo en las puertas del Congreso como un mensaje de que no íbamos a desistir ni dejar de luchar defendiendo la subsistencia, el futuro y el desarrollo de nuestra cuenca carbonífera».

«Hoy el nuevo gobierno no designó las nuevas autoridades que se tendrán que hacer cargo de resolver el desastre heredado que ocasionaron los sicarios sociales y ejecutores locales del régimen macrista, además que tendrán que caerles con todo el peso de la ley, por el abandono de bienes del estado como ser la usina de 240 MW, que con diversos argumentos, no solo no terminaron la obra faltando un 15% de finalización, si no que desconectaron el primer módulo de 120 MW que estuvo generando y aportando al sistema interconectado nacional», especificó.

Por último Alejandro Alaniz, evaluó que «esto generó un daño económico y patrimonial al estado por el abandono de una mega obra que está destinada a darle valor agregado a nuestro carbón, que genera energía que aporta a través del interconectado y diversifica la matriz energética, que además es parte de nuestro principal recurso de la soberanía energética, ya que impulsa la industrialización de la región, y provee energía para más de 4 provincias, así se produce un ahorro económico de más de 100 millones de dólares al estado en lo que respecta a importación de combustibles como el gas el fuel-oíl entre otros» y finalizó «queremos dialogar con el nuevo gobierno son tiempos para evaluar sobre la conveniencia de que los trabajadores tengan su representación en el directorio de YCRT».