Por medio de un decreto publicado este lunes, el gobierno de Javier Milei avanzó en la intervención de todos los medios públicos del país, por el plazo de un año, prorrogable por otro año más.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 111/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el decreto establece la intervención de los mismos y los coloca bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, sumando aún más poder al jefe de los ministros, Nicolás Posse. Se entiende que esta disposición allana el camino hacia una posible privatización de los medios, tal como lo establece la Ley de Bases que se tramita en el Congreso de la Nación.
La disposición abarca a Educ,ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, los cuales estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.
Un hombre de Vila y un hombre del PRO
¿Quiénes son los interventores que se harán cargo de los medios públicos? Una mirada al currículm de cada uno deja en claro el plan de «achicamiento» que el Gobierno pone en marcha a través del decreto.
Diego Martín Chaer, es un abogado mendocino, con maestría en Derecho Empresario y hombre muy cercano a Daniel Vila. Ejerció en el estudio Béccar Varela y luego, por dos años, en el Estudio Vila. Luego, fue gerente de asuntos legales del grupo América por casi dos décadas. Antes de eso, había formado parte del Grupo UNO ( propiedad de Vila). También fue, entre 2020 y 2022 fue gerente del Canal 8 de San Juan, del grupo América.
Por su parte, Diego Sebastián Marías tiene una amplia carreta en la política. Fue legislador porteño por el PRO y jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Deportes, a cargo entonces de Esteban Bullrich. En su paso por la cámara de la Ciudad participó activamente en la redacción del Código Electoral que rige en el distrito, al ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El perfil de ambos interventores deja en claro que no son especialistas en medios y contenidos, sino en administración. Así argumentan las fuentes de los medios públicos, «Los dos son abogados que conocen más de la administración de un medio que de programación. La sensación que da es que vienen a tratar de achicarlo, a hacerlo más», señalaron fuentes de RTA.
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen «reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones».
Además, la intervención estará encargada de «presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas».
Objetivos
La norma especifica que los interventores tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y/o a su presidente y, especialmente, las establecidas en el decreto en cuestión.
En este sentido, deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades” que será puesto a consideración del Ejecutivo; evaluar, modificar el Estatuto para el personal del organismo o aprobar uno nuevo; modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.
Los funcionarios estarán habilitados a modificar la denominación de los organismos aunque también deberán contar previamente con la conformidad de la Casa Rosada a revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado en el que se encuentran, así como presentar la rendición de cuentas.
Por último, la intervención tiene como fin ”operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras tornarlas sustentables”.
