Tras el fracaso del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y en medio de una fuerte interna que disputa espacios de poder en La Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei envió el borrador del proyecto modificado a los gobernadores y legisladores. Asimismo, también envió el proyecto de reforma fiscal denominado Ley de Medidas, Paliativas y Relevantes, con el cual busca concretar modificaciones en el plano fiscal y tributario y que contiene la reinstauración del Impuesto a las Ganancias.
En resumen, podría decirse que ambos proyectos son un desdoblamiento de la original ley ómnibus, que contenía más de 600 artículos, y que, con el objetivo de agilizar el tratamiento, fue dividido en proyectos más específicos y menos engorrosos.
Ley de Bases
El nuevo proyecto consta de 177 páginas que contienen 269 artículo, contra el original que desplegaba, nada más y nada menos, que 664 artículos. Entre los temas a tratar, se encuentran las Emergencias y facultades para el Poder Ejecutivo, la reforma del Estado y la privatización de empresas públicas, artículos sobre la consolidación de deuda, desregulación económica, defensa de la competencia, y el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI).
El primer artículo establece la declaración de la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año», período en el que el presidente Milei tendría facultades especiales.
Además, se incluye en el paquete de empresas privada para privatizar a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina, mientras que AySA, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, SOFSE (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio los cataloga dentro de la opción «privatización/concesión».
En cambio, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat) «sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».
En cuanto a la reforma del Estado, se plantean que el Parlamento le delegue al Gobierno las herramientas para poder en la Administración central o descentralizada: reorganizar; fusionar, transformar, disolver parcial o totalmente órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente (se excluye a las Universidades, Conicet e INTA).
En cuanto a la Ley de Contratos de Trabajo, también plantea varios cambios, entre los que sobresale la obligatoriedada del «descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga”, algo que profundizará el conflicto con el sector sindical.
Paquete Fiscal
El Gobierno también envío a los gobernadores el proeycto de reforma fiscal, un documento que contiene 119 artículos divididos en siete títulos y que contempla se restituye la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, por lo cual muchos trabajadores que habían dejado de pagar volverán a hacerlo si se aprueba el proyecto.
El paquete fiscal incluye la Creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, un Régimen de Regularización de Activos, la Modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos, Eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la modificación del Impuesto a las Ganancias, Modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
