SáBADO, 30 DE NOV

El Gobierno cosecha críticas por los jueces propuestos para la Corte Suprema: ¿cuáles son los argumentos?

Los magistrados Lijo y García Mansilla ingresarían en lugar de Helena Highton de Nolasco -que dejó el cargo en 2021- y Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá en diciembre la edad para jubilarse.

 

El Gobierno nacional presentó formalmente las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para sumarlos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero las propuestas cosecharon distintos cuestionamientos de parte de sectores de la oposición. Las críticas apuntan a los antecedentes de ambos magistrados, pero también a la falta de presencia femenina en el máximo tribunal.

Lijo y García Mansilla ingresarían en lugar de Helena Highton de Nolasco -que dejó el cargo en 2021- y Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá en diciembre la edad para jubilarse.

Por lo tanto, en paralelo a estas nominaciones, el Gobierno publicó este jueves el Decreto 267/2024, el cual contiene una modificación clave en el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema.

Este nuevo decreto apunta a “agilizar” el proceso de cubrimiento de futuras vacantes, asegurando así la continuidad en el funcionamiento del tribunal supremo y evitando los retrasos que podrían afectar la administración de justicia en el país.

El artículo 9° bis incorporado por el Decreto 267/2024 permite aplicar el procedimiento de selección incluso ante la certeza de una futura vacante, lo que significa que la designación de los nuevos jueces podrá formalizarse inmediatamente después de que se produzca la vacante.

Esta decisión llega en un contexto de cambios inminentes dentro de la Corte, con una vacante ya abierta tras la renuncia de Helena Highton de Nolasco y la próxima jubilación de Juan Carlos Maqueda prevista para finales de este año.

Las nominaciones para reemplazarlos cosecharon diferentes cuestionamientos de sectores de la oposición. La Coalición Cívica que encabeza Elisa Carrió anticipó que presentará una impugnación al pliego del juez Lijo como candidato para integrar la Corte.

«El más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial es la propuesta del juez federal Lijo como candidato para integrar la Corte Suprema”, señalaron desde la Mesa Ejecutiva y desde el bloque de diputados nacionales de la CC.

“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y el dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, agregaron.

«A lo alrgo de muchos años -recordaron-, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la CC ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias. Así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF».

Para la Coalición Cívica, la designación demostraría la existencia de «un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años».

«Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia», remarcaron desde la CC.

Otras voces apuntaron a la falta de presencia femenina en el máximo tribunal de justicia. Desde la agrupación Mujeres Socialistas de Argentina expresaron que «es fundamental que las vacantes en la Corte Suprema sean cubiertas por mujeres juristas para garantizar un órgano equilibrado, plural y representativo de más de la mitad de la población».

«Las últimas 2 vacantes fueron ocupadas por candidatos varones. Proponemos designar a dos mujeres juristas para comenzar a saldar la deuda de la democracia y avanzar hacia una mayor igualdad real. Sin nosotras, no habrá justicia. Es hora de que las mujeres ocupen su lugar en la toma de decisiones y en la administración de justicia», acentuaron a través de sus redes sociales.

LIJO: EL NOMBRE DESIGNADO PARA REEMPLAZAR A HIGHTON DE NOLASCO

Nacido en 1968, los comienzos del juez federal Ariel Lijo, uno de los dos candidatos del Gobierno para integrar la Corte Suprema, estuvieron marcados por su trabajo como secretario del excamarista federal Luis “Piru” Riva Aramayo.

Fue nombrado como juez federal en 2004 luego de ser propuesto por el expresidente Néstor Kirchner en el concurso 59 en el que también participaban Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini. Si bien quedó en quinto lugar, las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas le permitieron ser uno de los cuatro enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que en octubre de ese mismo año aprobó su pliego.

En su carrera como juez tuvo en su responsabilidad diversas causas de índole e interés nacional: participó de la investigación de las causas conexas por el ataque a la AMIA en 1994. Allí, envió a juicio oral al expresidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros.

Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos acaecidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército, relacionados a desapariciones y aplicación de tormentos.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ejerció la docencia tanto en esa universidad como en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y la Universidad Nacional de Lanús.

GARCÍA-MANSILLA: EL HOMBRE PROPUESTO PARA REEMPLAZAR A MAQUEDA  

Manuel García-Mansilla es un catedrático, decano de Facultad de Derecho de la Universidad Austral desde 2019, y director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) desde 2014. También integra el estudio Liendo & Asociados desde 2010.

A diferencia del exjuez Ariel Lijo, quien es candidato del Gobierno para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, García-Mansilla se presenta en su perfil de Linkedin como un «especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario».

El letrado, especializado en el ámbito del gas y la energía, participó en la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta, entre otros casos.

Entre 2005 y 2006 representó a empresas como Vintage Oil Argentina ante la Cámara de la Exploración y Producción de Hidrocarburos. Se caracterizó, en esos años, por «la negociación de todo tipo de contratos, incluyendo contratos típicos de la industria del petróleo y del gas (Drilling, Oil Field Services, Technical Services, Seismic Processing Agreements, Joint Operation Agreements, Data Exchange Agreements, etc.)».

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