El Gobierno avanza hacia una agencia para la protección de testigos judiciales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, confirmó que se presentó una propuesta y se avanza hacia una agencia estatal que se ocupe de la protección de testigos e imputados en investigaciones judiciales.

El funcionario hizo estas declaraciones al terminar la reunión de Gabinete Nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde Garavano y el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, oficiaron de voceros ante la prensa.

«Esta semana va a haber novedades al respecto», dijo Garavano sobre la protección de testigos, y contó que él realizó una exposición en la reunión de hoy sobre el tema.

En rueda de prensa el funcionario dio por hecho que habrá «una agencialización del programa de protección de testigos» y agregó que esta semana trabajarán «arduamente en los detalles».

Consultado sobre a qué se refería con el término «agencialización», explicó que se va a «avanzar hacia un modelo de agencia como se ha avanzado con la ANMaC (ex RENAR), la Agencia Nacional de Materiales Controlados o con la Agencia de Protección de Datos Personales». «Son instituciones dentro del Estado que actúan con independencia y son autosustentables«, añadió.

En nuestro país el sistema de protección de testigos se encuentra regulado por el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia.

El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de la justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo.

Las víctimas tienen para su atención una oficina específica en la que no se distingue el tipo de delito y que depende de la Procuración General de la Nación.