El decreto de Extinción de Dominio ingresó a Diputados para ser debatido en la Bicameral

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio ingresó hoy al Parlamento y ahora deberá ser debatido en el marco de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene 10 días hábiles para expedirse en torno a la medida dispuesta días atrás por el Poder Ejecutivo.

De todos modos, fuentes parlamentarias no descartan que el tema pueda ser enviado al Congreso en sesiones extraordinarias y tenga el trámite convencional de una ley, tal como ocurrió el año pasado con el decreto para desburocratizar el Estado que luego fue convertido en tres leyes.

Luego del anuncio del régimen, la oposición cuestionó la constitucionalidad del DNU, pero desde Cambiemos insistieron en que no incide en materia penal, algo que el Poder Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna.

El decreto debe ser ahora analizado por la comisión -integrada por ocho diputados y ocho senadores de diferentes fuerzas políticas- que es presidida por el kirchnerista por Santa Fe, Marcos Cleri, quien deberá convocar en los próximos días al cuerpo.

En esa comisión, la única que funciona aún durante el receso del Congreso, el oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ y la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.

A través del decreto, se crea «una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos» previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.

Se trata del decreto 62/2019, firmado por presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros del Gabinete nacional.
En sus fundamentos, la iniciativa señala que «el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley».

Si bien el proyecto de extinción de dominio fue aprobado en 2016 por la Cámara de Diputados, en su paso por el Senado en 2018 sufrió modificaciones, que según el oficialismo desvirtuaron el espíritu de la ley, y volvió a la Cámara baja para una nueva revisión, pero no se avanzó debido a la falta de acuerdos entre los bloques.

Ahora y ante la demora del Congreso en aprobar esta herramienta, el Poder Ejecutivo decidió establecer por decreto el régimen de extinción de dominio que tiene por objetivo recuperar para el Estado los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico, la trata y otros delitos federales.

Según calculó el Gobierno, hay alrededor de 245 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.

Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público.