El diputado nacional Rodolfo Tailhade, aportó información en la causa abierta a partir de la autodenuncia presentada por el procurador general interino, Eduardo Casal, para que se lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito, donde pidió «la totalidad de las declaraciones juradas». Ya que en tres años compró más de 300.000 dólares, a un ritmo de 8.500 por mes, mientras que en sus 40 años previos en la función pública había acumulado poco más de 100.000″.
Además, señaló que Casal «declara acciones en 15 empresas, entre ellas las más beneficiadas por los tarifazos del macrismo, y en el Standard Chartered Bank, un banco que sólo tiene una oficina de representación en Argentina y que se encuentra entre los más sancionados en el mundo por colaborar en el lavado de dinero ilícito y en la fuga de capitales».
¿Los plazos fijos de la Corte?
En línea con lo actuado, es oportuno recordar que el legislador bonaerense, tuvo una memorable intervención en febrero de 2020 en el recinto de Diputados, cuando dio a conocer la cantidad de fondos requeridos por la Corte Suprema de Justicia para su funcionamiento, y de que manera maneja sus recursos «producto del aporte del pueblo para mantener su sistema de privilegios».
El diputado dijo que es escandaloso lo que hace el poder judicial con la plata de los argentinos, donde el Consejo de la Magistratura pidió mas de 60 mi millones de pesos para su funcionamiento y la Corte Suprema estimo que necesita que pido 16 mil millones, además que llevo su planta a mas de 4.600 trabajadores»
«El Consejo de la Magistratura es un jubileo de designaciones y recategorizaciones, premios y beneficio, tanto que había jueces que pedían que se ratificaran liquidaciones de vacaciones porque se le liquido mal hacia ya 4 años».
Tras enumerar algunos otros casos, insólitos como el servicio de un sistema informático que salió mucho dinero y que no sirve.
El financiamiento privado
«No solo los fondos públicos financian al poder judicial, porque cada vez que un particular inicia un juicio tiene que pagar un 3% de lo que pide en una demanda, que van a parar a la Corte Suprema, solo porque se les ocurrió a ello», afirmó Tailhade.
«La Corte hizo plazos fijos que hoy orillan lo 50 mil millones de pesos, un cálculo que hice bastante generoso, porque nadie los audita y no sabemos en que bancos y con que intereses» esta esa plata, y agregó que » si hablamos que los jueces tienen una caja deficitaria, esos fondos podrían financiarla», indicó el parlamentario.
Para el congresista, el poder judicial le chupa la sangre al Estado y a los particulares.
