Los inquilinos han visto deteriorada su situación en los últimos tres meses desde la derogación de la ley de Alquileres, la cual planteaba un marco de regulación del mercado de viviendas en alquiler. La organización Inquilinos Agrupados publicó un relevamiento donde apuntaron las principales diferencias entre la situación vivida por los inquilinos mientras la ley estaba en vigencia y el escenario actual, donde la población censada ha visto duplicados los costos del alquiler y reducido el tiempo de actualización de los contratos.

Sebastián Artola, titular de Inquilinos Agrupados Rosario y referente de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, confirmó a Conclusión que sólo en Rosario “más del 30% de la población alquila, o sea  más de 300.000 personas”, es decir “el doble que hace 20 años” en la ciudad.

“Desde la vigencia del DNU vemos una clara flexibilización en los contratos de alquiler y una precarización creciente en el acceso a la vivienda”, dijo el politólogo. La encuesta revela que “lo que predomina son contratos cortos, por 6 meses, 1 año o 2 con suerte, y aumentos trimestrales por inflación”, siendo que el 91,5% de los contratos firmados  a partir de la aplicación del decreto 70/23 tienen un período de actualización del costo de 6 meses o menos, mientras que sólo 5,5% de los contratos es de actualización anual.

Por otro lado, el relevamiento demuestra que una persona que alquila un monoambiente en la provincia de Santa Fe debe pagar un costo promedio de $128.077 mensuales, mientras que pagaba $85.438 tres meses atrás bajo el régimen de la ley 27.551 (es decir, un 49,9% de incremento desde la derogación). Si se busca alquilar un departamento de dos ambientes, el costo promedio está en los $144.126 mientras que el promedio hace tres meses era de $101.575. Si el objetivo es un departamento de tres ambientes, el costo rondará el promedio de $191.742 cuando un inquilino podía encontrar propuestas que promediaban los $140.461 en enero.

Artola sostuvo que “más pasa el tiempo más se agrava la realidad de los inquilinos e inquilinas”, debido a que la aplicación del DNU “agravó la incidencia del alquiler sobre los ingresos totales del hogar”: la encuesta destaca que un hogar promedio destina actualmente cuatro de cada diez pesos (41%) que ingresan a pagar el alquiler, mientras que gracias a la aplicación de la ley de Alquileres, una familia debía destinar menos de uno de cada tres pesos (31%) a solventar la renta de su vivienda.

El estudio determinó que la mayoría de los contratos pasó de tener un pazo de menos de 3 años (72%) a contratos de entre 12 meses y 2 años (42%), mientras que uno de cada tres contratos (33%) suele ser firmado por tiempos de vigencia de entre un año o menos.

“Si bien el problema no es nuevo, y lo venimos diciendo hace tiempo, nunca vimos una situación tan crítica como la que se está viviendo”, dijo Artola y fustigó: “De seguir vigente el DNU vamos a una crisis habitacional con pocos antecedentes en el país”.