Hacienda proyecta la disolución del Indec

Por Liliana Franco para Ámbito Financiero

Un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda contempla la reformulación del sistema estadístico nacional, prevé la disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la creación del «Consejo Nacional de Información Estadística», presidido por el Secretario de Política Económica. La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito Financiero, cuenta con 77 artículos y se contrapone con otra elaborada por la actual conducción del Indec y que apunta al fortalecimiento de este organismo.

En el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un proyecto de ley por el cual se deroga le ley 17.622 – que creó el Indec – y se dispone la transferencia del personal de este instituto a la órbita de uno nuevo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) «con la condición que el citado personal cumpla los requisitos del nuevo organismo». Asimismo, contempla la transferencia al INE de la totalidad de los bienes, presupuesto, activos y patrimonio del Indec.

El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer artículo, la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, participarán los organismos del sector público nacional, sector público nacional financiero y sector público provincial y municipal.

El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información Estadística sea un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.

Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan Estadístico Nacional, «estableciendo los productos estadísticos a generar, metodologías y formas de diseminación» (artículo 32).

En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del Indec se establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones «recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de registro y otros», «elaborar indicadores sociales y económicos», «producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas satélite y análisis laborales», entre otras.

Será conducido por un director y un director técnico, ambos elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco años, con opción a una única renovación.

En lo que surge claramente como una intención de profesionalizar al organismo, el proyecto establece que «el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen». De aplicarse este requisito, se indica en medios gremiales, numerosos empleados del Indec se verían afectados.

El encargado de definir el plan estadístico, es decir el Consejo Nacional de Información Estadística, estará conformado por nueve miembros (artículo 61): el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda (actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como presidente -, representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los integrantes de las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los directores de Metodologías y Planificación de este consejo.

En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo del INDEC, participará «con voz pero sin voto».

En las condiciones de funcionamiento del Consejo que proyectará el plan estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum de cuatro miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política Económica, tendrá doble voto.

La propuesta del Indec

Por su parte, la conducción del Indec elaboró un anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a la Presidencia, que fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros.

A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se señaló, determina para el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta apunta a concentrar y fortalecer al Indec como rector del sistema estadístico.

En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa establece que «Las actividades estadísticas oficiales nacionales y la realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación se regirán por la presente Ley Orgánica y por las disposiciones reglamentarias emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que crea la presente, con carácter de ente autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional».

En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las facultades del Indec señalando que tendrá a su cargo «dictar las normas reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran», como así también «establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación».

En esta iniciativa, el gobierno del Indec está a cargo de un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente.

Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y el vicepresidente el Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado.

La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de Ministros, según se señala en la Casa Rosada.

Sospechas y discusiones

A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por el Indec fueron motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este sentido, se remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba la forma de bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el llamado índice «descarnado», es decir una medición del costo de vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta forma, en los primeros ocho meses de 1979 la inflación «descarnada» acumuló 85%, diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que el Indec siguió publicando ambos índices de medición de precios.

Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de Roberto Lavagna cuando hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de Hacienda decidió utilizar cálculos alternativos para demostrar que la cantidad de pobres era inferior a la que resultaba del cálculo del Indec. Tiempo después, hacia mediados de 2005, consideró datos del Banco Mundial para señalar que se había roto la tendencia al aumento de la brecha entre ricos y pobres, a contramano de los datos elaborados por el Indec.

Pero sin dudas, las mayores polémicas se dieron a partir del año 2007, cuando el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comenzó a tener injerencia en el Indec. Los índices de precios y la medición de pobreza fueron los más cuestionados. En el caso de la inflación, a partir de 2010 y durante años el organismo oficial informó una variación del orden del 10% cuando las consultoras privadas estimaban aumentos que cómodamente duplicaban esta variación. En cuanto a la pobreza, las mediciones fueron tan bajas que llevaron al ex jefe de ministros Aníbal Fernández a afirmar, a mediados de 2015, que «la pobreza en Argentina es menor que en Alemania».

Con la asunción del gobierno de Cambiemos, la administración de Mauricio Macri hizo de la transparencia en la información una de sus banderas. No por casualidad puso al frente del organismo a Jorge Todesca – un economista proveniente de las filas del peronismo – cuya consultora, Finsoport S.A., fue sancionada por Moreno en virtud de la forma en que calculaban los precios.

En marzo de 2011, junto con otras consultoras, Moreno aplicó a esta consultora una multa de medio millón de pesos por no informar sobre la metodología que utilizaba para las mediciones de inflación. En aquel entonces, Todesca calificó de «autoritaria» a la sanción y llevó el tema a la Justicia. Luego de dos años de trámites judiciales, las multas fueron dejadas sin efecto y Moreno fue procesado por abuso de autoridad.