Gioja quiere que los que endeudaron el país paguen con su patrimonio personal
El titular del PJ Nacional sostiene que Mauricio Macri "eludió los controles parlamentarios, dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales", y pidió la actuación del Poder Ejecutivo, la Sigen y la Oficina Anticorrupción (OA).
Mediante un Proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, el Vicepresidente del cuerpo, José Luis Gioja, solicita a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que, a través de esos organismos competentes se instruyan los mecanismos administrativos para promover las acciones de responsabilidad patrimonial que le caben a los funcionarios que intervinieron en la celebración de los acuerdos en los que Argentina tomó una deuda del orden de los 57 Mil Millones de dólares con el FMI.
En la misma línea anunciada por el Presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, dónde anticipó que se promoverán acciones penales contra los que endeudaron al país con el organismo de crédito internacional, Gioja apela a la aplicación de la Ley de Administración Financiera (24.156) y a la de Responsabilidad del Estado Nacional (26.944).
La Ley de Administración Financiera, en su Artículo 113, establece que “los funcionarios responderán de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.
Por otro lado, la ley 26.944 de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.
El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por Mauricio Macri, eludió los controles parlamentarios, dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales, estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018, reza en los considerandos del Proyecto presentado por Gioja.
El legislador por el Peronismo de San Juan finaliza pidiendo que, atento al plazo de prescripción fijado en el artículo 9 de la ley 26.944, solicitamos que tanto el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación se aboquen de inmediato a esta cuestión.