Por Ramiro Cozzi*

El debate en el Congreso por la Ley Ómnibus desnuda uno de los principales objetivo del Gobierno de Milei: malvender el Patrimonio del Estado, para beneficio del poder económico concentrado. En este artículo, vamos a detenernos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses.

El FGS es un fondo anticíclico, que contiene, entre otros activos, las acciones que las viejas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) habían comprado a las principales empresas que cotizan en la Bolsa. Con la decisión de estatizar las AFJP en 2008, dichas acciones pasaron a ser parte del FGS, bajo administración estatal.

El valor de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre 2008 y 2015, según datos oficiales ascendía a 62 mil millones de dólares, lo que generó un “círculo virtuoso” ya que el aumento del consumo y los nuevos empleos implicaron una mayor recaudación tributaria y de los recursos de seguridad social. En cambio, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, el valor del FGS se redujo casi a la mitad, 35 mil millones de dólares, es decir, una pérdida equivalente al 43,5%.

Sobre el final de la gestión de Alberto Fernández, siguiendo datos de noviembre de 2023, el valor del FGS ascendió a 76 mil millones de dólares. Dicho valor está compuesto por activos financieros tales como: títulos públicos, acciones, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias. Las acciones en su interior representan aproximadamente unos 13.100 millones de dólares, lo que equivale al 17,4% del total de activos del fondo.

Ahora bien, durante el debate en comisiones del Congreso, el Secretario de Finanzas afirmó que la valuación actual de las acciones que integran el FGS es aproximadamente de 5.500 millones de dólares, un precio subvaluado, que implica liquidar a precio de remate un activo que no solo es garantía de las jubilaciones, sino que puede ser el fondo de financiamiento de políticas, como lo fueron el Conectar Igualdad, o el Procrear.

Buscando respuestas a este interrogante, proponemos analizar cómo están compuestas las acciones en cuestión para que nos permita aproximarnos a una posible conclusión. El 60% de las acciones del FGS se concentran en 5 grandes empresas.

En Ternium Argentina S.A., las acciones que están en manos del FGS representan el 18,80% de las acciones de la empresa, un porcentaje significativo de la empresa de Paolo Rocca. En otro nivel, se encuentran Pampa Holding S.A. de Marcelo Mindlin y Transportadora de Gas del Sur S.A. donde las acciones en poder del FGS representan el 10,9% y 10,8% respectivamente. Otras de las empresas donde el FGS tiene un porcentaje cercano al 10% es el Banco Macro de Jorge Horacio Brito (10,4%) y Grupo Financiero Galicia S.A. (9,50%).

Además, en menor medida, se compone de acciones de Aluar S.A., Banco Hipotecario S.A., Ledesma S.A., Molinos Río de la Plata S.A., entre otras. Luego de repasar esta composición, podemos hacer una primera conjetura: “recuperar” las acciones por parte de estos grupos económicos para eliminar la intromisión del Estado, puede ser una de las motivaciones del Gobierno de Milei. El remate del FGS además de perjudicar al sistema integrado previsional argentino, y ser una puerta de entrada a la discusión del retorno de las AFJP, implica quitarle al Estado la participación dentro de las empresas.

*Centro de Economía Política Argentina (Cepa) Rosario