Por Lautaro Zeballos
Una de las medidas incluidas en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente Javier Milei es la derogación de la Ley de Góndolas, una normativa que apuntaba a garantizar en los comercios la presencia de productos fabricados por pequeñas empresas y cooperativas. Este punto cosechó amplios cuestionamientos de las asociaciones que defienden los derechos de los usuarios y consumidores del país, que advirtieron que ahora la población volverá a quedar a merced de las reglas fijadas por los grandes actores de la cadena de comercialización.
La decisión de desarticular este instrumento fue promocionada. El presidente la incluyó entre las 30 medidas que enumeró en la cadena nacional encabezada el pasado 20 de diciembre, siempre con la intención de asignarle parte de responsabilidad en la escalada inflacionaria. Una postura radicalmente opuesta a la que sostienen desde la Unión de Usuarios y Consumidores, donde resaltan que el espíritu de la política apuntaba a tener un efecto contrario, aunque -admiten- su ejecución fue deficiente.
Al momento de anunciar la derogación de la Ley 27.545, el presidente Javier Milei argumentó que lo hizo «para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos». Con esto, se refería a la posibilidad de dejar afuera de los comercios a los productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas; productos de la agricultura familiar, campesina e indígena; como así también productos de la economía popular y de cooperativas y mutuales».
En síntesis, podría resumirse que la ley regulaba la exhibición de productos en góndolas -físicas y virtuales- y alcanzaba a alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería. Dicha normativa tenía vigencia en supermercados minoristas y mayoristas de 800 metros cuadrados o más y, como se dijo, en todas sus tiendas virtuales.
En particular, la Ley de Góndolas creó las siguientes obligaciones para los supermercados que operan en Argentina:
1- Ningún grupo económico podía disponer de un espacio en las góndolas superior al 30% para ninguna categoría de productos;
2- En todas las categorías de productos, debía haber producciones de al menos cinco proveedores diferentes;
3- Para cada categoría, el 25% de los productos expuestos en las góndolas debía pertenecer a empresas pymes, mientras que el 5% tenía que pertenecer a empresas familiares, empresas indígenas y cooperativas de trabajadores.
4- Los productos de menor precio debían colocarse en el sector medio de la góndola, o en la primera página si se venden a través de un sitio web.
Gráfico que el Gobierno colocó en la web oficial para ilustrar la forma en la que debían ser dispuestos los productos con la Ley de Góndolas en vigencia.
El titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, lamentó profundamente que se anule esta legislación. Según apuntó, la Ley de Góndolas jamás llegó a aplicarse en plenitud, pero la solución -como en el caso de otras derogaciones contenidas en el DNU- no era liquidar la normativa, sino ajustar los mecanismos para lograr que se ejecute correctamente.
«En síntesis, lo que hacía era obligar a las grandes cadenas a que todos los productores puedan exhibir sus productos. Ahora se volverá a la vieja usanza, donde las grandes candenas solamente comercializarán con los grandes productores. No hay una genuina competencia con las cooperativas, las pymes, los pequeños comercios y las industrias regionales. Van a desaparecer de las góndolas», expuso Boada, en declaraciones a Conclusión.
Por su lado, diferentes representantes del oficialismo salieron rápido a celebrar los supuestos resultados positivos de la derogación. «En el segundo día sin Ley de Góndolas, Cunnington -de Argentina- le gana espacio en las góndolas a Coca Cola. Oferta y Demanda, sirviendo bienes de calidad a un mejor precio», escribió el diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, junto a una foto de un pasillo de un supermercado Coto.
Para el titular de la Unión, no puede analizarse esta derogación por fuera del conjunto de desregulaciones que contiene el mega Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el mandatario nacional, redactado en gran parte por el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
«Es una vuelta al pasado; una declaración que dice ‘todos somos iguales y tenemos el mismo poder’. Eso no es cierto. La legislación; la jurisprudencia; durante años fue elaborando una serie de normas para proteger al más débil en la instancia de consumo. Pensar que una persona que cobra su suelado y apenas le alcanza tiene el mismo poder económico que Arcor, Coca Cola o la Serenísima, como para debatir con ellas, es casi una tomada de pelo. No existe paridad de condiciones», cuestionó en diálogo con este medio.
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El Centro de Economía Política (Cepa) analizó los efectos que tendrá el paquete desregulador de Milei y, al poner el foco en la derogación de la Ley de Góndolas, señaló que «como en la ley de la selva, (al tumbar esta norma) gana el más poderoso». Es más, tras afirmar esto, le puso nombre a esos ganadores del sistema y detalló que porción del entramado de comercialización abarca.
Según indicó en un informe difundido días atrás, en la Argentina el 74% de la góndola es «manejado» sólo por 20 empresas oligopólicas: «Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), la marca del supermercado o ‘Empresa del Distribuidor’ (8%), Coca Cola Company (5%), Sancor Coop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%) Molinos Rio de La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera del Plata (3%), Cervecería Quilmes S A. (3%), Aguas Danone Argentina (2%), Pepsico Co (2%), Arcor S.A. (2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), Bagley S.A. (2%), Molino Cañuelas (2%), Kimberly-Clark (2%), Brf (2%), Establecimiento Las Marías (1%)».
«Estas empresas -acentuó el Cepa- profundizan su margen de acción respecto al consumidor (vía precio) pero también respecto al resto de los eslabones de la cadena (ya que pueden extenderle plazos de pago a pymes o excluirlas de las góndolas). Favorece, además, la cartelización de empresas con los grandes supermercados. La liberalización de los controles en las góndolas de supermercados favorece a los grupos económicos que producen bienes de consumo masivo, que se pueden resumir en 20 actores (Luis Pagani, Perez Companc, Coto, entre otros, y el lobbista del sector alimenticio, Funes de Rioja)».
La estrategia comunicacional a favor de la derogación llegó hasta el dibujante Nik, que inició una campaña en la red social X para que los usuarios publiquen sus ejemplos de segundas marcas con precios accesibles, con el objetivo de -según expuso- llevar a que otras cadenas vean caer la demanda de sus productos por lo que cuestan en los comercios.
«Feliz 2024. #BuenLunes 1 de enero. Envíen sus ejemplos y los vamos publicando. Vamos a armar una red colaborativa para que las primeras marcas bajen sus precios. Y ayudar a bajar aún más la inflación. Vamos Argentina 2024!!! Ayer Cunnington, hoy La Tonadita…», difundió el creador de Gaturro, con claro anclaje en la publicación de Romo.
La imagen que incluyó Nik tiene además un cuestionamiento a la política antiinflacionaria del Gobierno anterior, ya que insta a participar de la campaña «Cuidado con los precios» en vez de seguir apostando por «Precios Cuidados».
En la misma sintonía, el dibujante llamó a sus seguidores a compartir cuál es la mejor yerba al hacer un balance precio-calidad y anticipó que todos los días instará a que se haga lo mismo con un rubro distinto. «¿Encontraste otras yerbas más baratas? ¿Alternativas? Dejá en comentarios tu opción de mejor opción. Vamos a ayudarnos a bajar la inflación consumiendo precios acordes a la realdad», insistió este martes.
Caminos alternativos
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores reconocen que en el fondo, la derogación está legitimando prácticas abusivas por parte de los grandes actores del sistema. En contraposición, aseguran que debe apostarse por esquemas de mayor paridad, en los que la articulación entre los pequeños y medianos comerciantes y los sectores cooperativos y mutuales haga proliferar un vinculo que sea virtuoso para la comunidad.
«Para el consumidor es muy difícil escapar de la inflación, porque no es que puede decir ‘no consumo esto; no consumo lo otro’. La suba es generalizada. Lo que sí creo es que deben aparecer en la sociedad acciones comunes, porque el consumidor hoy está atomizado, roto. Cada uno hace la compra por su lado. Tendríamos que pensar en reducir y recuperar la renta minorista. Si nosotros compraramos y dedicaramos parte de nuestros ingresos a la compra en cooperativas, mutuales y proveedurías de sindicatos, veríamos claramente la diferencia de precios y, en lo que es ganancia de la institución, capitalizaríamos a las organizaciones sociales», explicó Boada.
«Ahí en Rosario tienen la experiencia de la proveeduría y todas las acciones que hace el Sindicato de Empleados de Comercio, una experiencia muy interesante; una gran prueba piloto. Tiene que ser un desafío para los consumidores en general y para las organizaciones, el copiar estos ejemplos y llevarlos adelante. Creo que hay que buscar un salto cualitativo en la sociedad, copiando a aquellos modelos que nos vienen demostrando un éxito importante», completó.
