El discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el viernes pasado en la Universidad de Río Negro logró configurar una nueva agenda que estructuró el eje de las discusiones públicas, tanto dentro de la coalición oficialista como en el conjunto de la dirigencia política.
La primera repercusión directa en el Frente de Todos quedó expuesta en el plenario militante de La Cámpora que -bajo la consigna «Luche y vuelve» y tan solo un día después de las palabras de la expresidenta- retomó el tono crítico de Cristina, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de una renegociación a fondo del acuerdo que se firmó el año pasado con el FMI.
La agenda igualmente contiene una nutrida cantidad de puntos que seguramente marcarán el ritmo del debate en el corto plazo: un eventual endurecimiento del cepo; un nuevo marco regulatorio intervencionista sobre el comercio exterior; la nacionalización de recursos naturales como el litio; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Las discusiones no pasarán sin hacer foco en nombres propios que están y estuvieron en la gestión del gobierno nacional. En contraste con lo previsto, la vicepresidenta rescató la figura del exministro de Economía, Martín Guzmán, pero hundió al actual titular del Banco Central, Miguel Pesce. Es que -según contó en Río Negro- presidente de la entidad bancaria fue a ver a la vicepresidenta para que interceda para desarmar una actitud «terca» que mostraban en su sector frente a las negociaciones con el Fondo.
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De esta forma, la titular del Senado sugirió que el acuerdo que finalmente se cerró podría haber tenido condiciones mucho peores en caso de haber mostrado una posición de mayor transigencia. Las metas actuales tendrían un nivel de exigencia aun mayor.
Lejos de significar un cruce con aires de telenovela, la discusión privada -ahora puesta en conocimiento de toda la sociedad- deja ver nuevamente las distintas posturas que hay al interior de la alianza oficialista sobre el impacto económico del acuerdo. El hecho de haber difundido el encuentro en el acto solo apunta a poner en agenda la necesidad de una renegociación que desde el kirchnerismo consideran inevitable.
Sergio Massa, por su parte, dedicó gran parte de sus últimas semanas a conseguir una flexibilización en la meta de reservas, basándose en que la sequía complica profundamente la posibilidad de sostener el flujo de dólares.
Aun así, el ministro de Economía mantuvo su promesa sobre el cumplimiento del resto de las metas, empezando por el déficit fiscal de 1,9% del PBI, lo cual supone que se respetará el tope de 1,6% para los subsidios estatales. Esto enciende otra alarma en el sector identificado con la vicepresidenta: las tarifas seguirán subiendo, por más que sea año electoral.
Los cuestionamientos de Cristina Kirchner a la política económica no concluyeron ahí. Al hacer foco en la «alineación de las variables», la titular del Senado marcó que el sendero de que cada mes la tasa de devaluación sea mayor a la inflación, a la vez que la tasa de interés está por encima de ambas, culmina en un empeoramiento de la crisis.
Para la vicepresidenta, esa política es inflacionaria en sí misma, debido a que los precios irán detrás de un dólar «sin ancla», al mismo tiempo que las elevadas tasas de interés profundizarán la recesión.
Massa no quiere saber nada con esta discusión, debido a que las anclas cambiarias son una de las herramientas más despreciadas desde lo conceptual por los técnicos del FMI.
El propio ministro de Economía, después de detallar el canje de la deuda, también puso el énfasis en el recorte del gasto, y dijo que esa sería «el ancla» de la economía que devolvería la credibilidad del mercado sobre la capacidad de repago del Estado. En controversia, Cristina sostiene que no hay una relación causal entre el déficit fiscal y la inflación.
En su discurso en Río Negro, la vicepresidenta advirtió que el vínculo con el FMI no solo trae aparejado un efecto recesivo, sino que a la vez fija un cronograma de vencimientos que dificultará al máximo la próxima gestión que asumirá en diciembre. Cuando el presidente Alberto Fernández presentó en 2020 el desahogo financiero tras el canje de deuda en dólares con los bancos privados, tapó la parte del gráfico que mostraba la acumulación de pagos del siguiente gobierno.
Cristina no la dejó pasar y explicó que esas cifras tienen que servir para rediscutir el pacto con el Fondo. En los primeros dos años del nuevo gobierno, sólo por intereses habrá que desembolsar 500 millones de dólares. En el 2025 empieza la cancelación de capital para los privados, en una sucesión que llega a 3.000 millones de dólares en 2017.
Desde el kirchnerismo sostienen que ese esquema es «impagable» y cuestionan el esquema conseguido por Massa para postergar los desembolsos hasta después de la gestión actual.
Hay un reproche en el ambiente por lo que se interpreta como un exceso de condiciones favorables hacia los bancos, incluyendo la elevada tasa de interés -estimada en 10 puntos por encima de la inflación- y la cláusula del «put» -que obliga al Banco Central a recomprar los bonos en cualquier momento que los bancos deseen-.
La agenda del litio
Adentro del kirchnerismo discuten si realmente el objetivo es cobrar el préstamo o si lo que se pretende es mantener el esquema de sometimiento a través de negociaciones permanentes.
Desde ese lugar de mayor debilidad, pueden quedar expuestos los dólares que producen los recursos naturales nacionales. Es por esa situación que la titular del Senado remontó el tema del marco de regulaciones en el que son realizadas las actividades extractivas.
«Es -identificó Cristina- imprescindible el cambio de actitud, ponerse de acuerdo en lo fundamental. Porque si no, podremos tener 20 Vaca Muerta, 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando dólares y, fundamentalmente, le tengo mucho temor a la fragmentación política».
La jornada siguiente, Máximo Kirchner manifestó ante la militancia camporista que era necesario defender la consigna de que «los argentinos realmente deben disfrutar de su tierra, su riqueza y sus ríos. Argentina para los argentinos».
Desde el kirchnerismo están convencidos de que en Estados Unidos pergeñan una pelea con China por los recursos del litio argentino, un territorio -desde la concepción de estas potencias- estaría en disputa.
Este sector del Frente de Todos tiene desde hace meses en su poder unas encuestas de opinión pública, realizadas por el consultor español Alfredo Serrano Mancilla, donde se afirma que, al contrario de lo que suele plantearse en los medios de comunicación, no hay una tendencia a la «derechización» ni existe una mayoría social que esté reclamando el regreso de los principios liberales y privatistas de los años ’90.
El relevamiento encontró un escenario totalmente distinto y registró una decidida preferencia por la gestión estatal en los recursos naturales. Ejemplo de esto es el litio: el 52,2% de los encuestados considera que debe avanzarse a un régimen de nacionalización, mientras que un 32,4% piensa que sería de mayor eficiencia en manos privadas.
Cristina remarcó con claridad que se requiere un nivel de intervención estatal mucho más alto que el actual. Además, no sólo pone el foco en el comercio exterior sino en el funcionamiento del Banco Central, un tema que la moviliza particularmente.
Un año atrás, la vicepresidenta inició su cruzada contra la entrega de divisas a las empresas que deben cancelar deudas financieras, y el punto más alto de esa crítica llegó en su propuesta de reformar la Carta Orgánica del BCRA.
Por lo pronto, no solamente se debate sobre la nueva Carta Orgánica para el año próximo, sino que también se discute sobre si será necesario un endurecimiento del cepo cambiario ahora mismo, como consecuencia de la crisis del campo.
