El aumento de tarifas no se detiene en este 2019, último año de mandato de Mauricio Macri (que irá por la reelección) y sigue generando reacciones tanto en la sociedad, que cada vez se vuelca más a los “ruidazos” que se suceden en distintos puntos del país contra esta política tarifaria, como en dirigentes de la oposición (e incluso ha motivado inquinas hacia adentro de la coalición gobernante).
Es el caso del diputado nacional y pre-candidato presidencial Felipe Solá, quien propuso este lunes al Gobierno diseñar un sistema de «tarifa plana» para los usuarios residenciales de energía eléctrica de clase media y baja y el sector productivo, y subsidiar 100% a las personas electrodependientes.
Para Solá, el Estado debería subsidiar a cooperativas y clubes de barrios como si sus ingresos fueron equivalentes a dos salarios mínimo, debido al rol productivo y social que cumplen.
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«Se trata de un servicio que a esta altura se constituye como un derecho humano, derecho al bienestar y derecho al desarrollo económico y social. La electricidad es un insumo esencial, no una mercancía», dijo el legislador.
En una conferencia de prensa brindada este lunes en la sede del sindicato de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), pidió al Gobierno «pensar en los millones de argentinos que no pueden llegar a fin de mes por la presión de los servicios».
El legislador de Red por Argentina denunció que la Argentina está «ante una estafa energética por parte de Cambiemos» y presentó nuevos mecanismos de control y propuestas tarifarias.
Junto a sus equipos técnicos y distintos referentes de la oposición, Solá denunció «la estafa impulsada por el gobierno para beneficiar a empresas del entorno más íntimo del Presidente (Mauricio Macri) a costa de aumentar las tarifas de millones de pymes y hogares argentinos.».
Afirmó que el Gobierno tiene «incapacidad» para descomprimir la presión tarifaria sobre la producción, la clase media y las familias más humildes.
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«Al 32% de aumento en la tarifa que ya anunciaron se le sumará otro tanto dentro de dos meses y la economía sigue yendo para abajo. Mientras, los salarios caen ante la inflación. Entonces, la combinación explosiva», sostuvo el legislador.
Según los equipos técnicos del pre-candidato presidencial, los usuarios del servicio de gas natural transfirieron a las empresas 11.000 millones dólares desde que asumió el presidente Mauricio Macri.
Reclamo bonaerense ante la Justicia
Por su parte, también este lunes, la Defensoría del Pueblo bonaerense e intendentes de la oposición presentaron una acción de amparo ante la Justicia para intentar frenar la suba de tarifas del servicio eléctrico dispuesta por el Gobierno nacional.
La presentación fue confirmada por el defensor bonaerense, Guido Lorenzino, y los intendentes de La Matanza, Verónica Magario, y de San Martín, Gabriel Katopodis, además del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
El amparo fue presentado en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata a cargo del juez federal Alberto Recondo.
«Junto a intendentes y el Cepis presentamos un amparo judicial para frenar los aumentos indiscriminados en la luz, el gas y el transporte. En vez de castigar a las empresas por no invertir, el gobierno nacional sólo castiga a los ciudadanos», dijo Lorenzino.
En declaraciones a radio Milenium, Katopodis precisó que también participaron usuarios y consumidores de la presentación, dado que decidieron sumarse porque las boletas de luz se les tornaron «impagables».
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Mariano Lovelli, titular del Cepis, expresó que el pedido colectivo es para obtener «la nulidad por inconstitucionalidad de una de las últimas resoluciones de (Javier) Iguacel, que aumentó el precio de la electricidad mayorista».
Magario, en tanto, le apuntó al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como los «responsables políticos» de los aumentos de tarifas que empeora las condiciones de vida de muchos ciudadanos.
«Cuando asumieron Macri y Vidal, pagar las tarifas representaba un 6% del salario. Y si la Justicia no nos escucha, en junio de este año ese porcentaje va a ser del 26%. Estamos hablando de más de un cuarto del salario», sostuvo.
«En el conurbano y el interior bonaerense los usuarios están recibiendo boletas de 12.000 pesos por el consumo residencial de energía eléctrica y de 7.000 pesos por el gas», se quejó la también presidenta de la Federación Argentina de Municipios.
