Después de un tenso debate, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que penaliza la corrupción y otros delitos de las personas jurídicas, pero sin el controvertido artículo 37, que planteaba la posibilidad de aplicar de manera retroactiva el beneficio de reducción de pena a empresas jurídicas mediante la celebración de acuerdos de colaboración eficaz con el Poder Ejecutivo.

Con 133 votos negativos y 85 positivos, se cayó el artículo que, de acuerdo a la lectura de la oposición, suponía un artilugio para beneficiar con reducción de pena a la empresa brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado coimas en la Argentina.

Además varios diputados opositores coincidieron en catalogar como «inconstitucional» el artículo, al sostener que delegaba en el Poder Ejecutivo (Procuración del Tesoro) facultades que son inherentes al Poder Judicial.

El clima se puso bastante espeso cuando al calor de los desacuerdos, diputados del oficialismo y de la oposición comenzaron a intercambiar acusaciones desde sus bancas a los gritos.

En este contexto, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió acusó a los opositores de no contribuir a «recuperar lo robado».

Ante el rechazo unánime de la oposición, y para salir al rescate de la iniciativa, la miembro informante de Cambiemos, Gabriela Burgos (UCR) propuso incorporar un párrafo para incorporar en las negociaciones del acuerdo de colaboración eficaz a un integrante del Ministerio Público Fiscal y de la Auditoría General de la Nación.

También incorporó el agregado para que «un juez evaluara la legalidad y razonabilidad de las condiciones acordadas y la colaboración pactada y decidiera su aprobación o rechazo».

Pese a las modificaciones de último momento, la oposición tiró abajo el artículo que el oficialismo consideraba de vital importancia para esclarecer hechos de corrupción del pasado, vinculados a funcionarios públicos del gobierno kirchnerista.

Caído el texto del oficialismo, la diputada socialista Alicia Ciciliani quiso que se votara una alternativa del artículo 37 que no estaba respaldada en ningún dictamen de minoría.

El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, dio pie a que se votara la propuesta de Ciciliani, ante lo cual diputados del FPV y del FR reaccionaron alegando que se trataba de un error de interpretación de reglamento.

Luego de un acalorado debate, que incluyó un pase a cuarto intermedio lleno de tensiones, la discusión se zanjó con el acuerdo de los presidentes de bloque de tratar la iniciativa de la socialista, que planteaba la creación de una comisión bicameral, en una ley separada.