El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que se conoció en los últimos días en torno al encubrimiento de los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel fue utilizado como una operación de prensa por parte de un sector de la Justicia y las autoridades del Poder Ejecutivo. A pesar de lo manifestado en comunicados oficiales, de ninguna manera quedó confirmada la responsabilidad de Irán en dichos ataques y la causa que los investiga está actualmente paralizada.
El pasado jueves, un fallo del tribunal integrado por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña estuvo en el foco de la agenda pública por la forma en la que el mismo fue presentado. Las noticias, que tomaron como eje una gacetilla que el propio Poder Judicial puso a circular, marcaron que la responsabilidad de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA, dos años más tarde, fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán.
“La decisión del tribunal penal causó irritación entre los familiares de las víctimas, no ya por su contenido, sino porque se enteraron por los medios de comunicación, ya que aun no fueron notificados en el expediente digital”, resaltó un cable de la Agencia Noticias Argentinas en esa jornada, minutos después de que trascendiese la resolución. El hecho de que la definición haya llegado antes a los medios que a los familiares puede generar un primer ruido, pero el trasfondo es aún más grave.
Mucho ruido
La primera aclaración puede llegar a descolocar al lector, producto de las distorsiones y omisiones que hubo en los últimos días en torno a este tema: el fallo que se conoció el pasado 11 de abril, no es en la causa AMIA; no pertenece al expediente donde se investiga el atentado.
Las definiciones del tribunal nombrado se dieron en otro expediente, el que investigó y condenó a las personas que encubrieron y desviaron la investigación inicial. Si bien tienen obvios puntos de contacto porque una surgió de otra, no son la misma causa. Es decir, no existe conclusión legal válida sobre las responsabilidades del atentado porque no eran el objeto en análisis.
El expediente central, aquel donde se debería investigar autorías materiales e intelectuales de los ataques, es otro y está en la UFI AMIA y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 de Comodoro Py. Actualmente esa causa está paralizada. Un dato curioso es que basta con googlear el «juzgado nº 5 de Comodoro Py» para que el buscador arroje como principal referencia la causa del atentando.
Captura de búsqueda en Google del Juzgado Nº 6 de Comodoro Py.
Sin embargo, el Gobierno publicó -el 11 y 13 de abril, a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la Nación- dos comunicados en los que habla del fallo mencionado al inicio de este artículo. El primero lo celebra como «un avance significativo» y manifiesta que «desde el 10 de diciembre de 2023 terminó la era de impunidad en Argentina». El segundo, sienta un posicionamiento a favor de Israel en el conflicto de Medio Oriente y utiliza el fallo, y la supuesta responsabilidad de Irán, como un argumento para asumir esa postura.
Cabe preguntarse entonces por qué el Ejecutivo realiza estas afirmaciones; en qué las sustenta. La respuesta está en las manifestaciones que el juez Juan Carlos Mahiques incluyó en el fallo.
El voto del juez Mahiques señaló que “la motivación de ese atentado (no la única), y la del cometido dos años antes contra la sede de la embajada de Israel se originó principalmente en la decisión unilateral del gobierno argentino (motivado en un cambio de la política exterior de nuestro país operado entre fines de 1991 y mediados de 1992) de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán”.
Y en otro fragmento del fallo, sostuvo: “El atentado de 1994 en Buenos Aires fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, en el marco de la Jihad Islámica, y con la intervención principal de la organización política y militar Hezbollah. Fue otra de las tantas expresiones de lo que algunos teóricos de la filosofía y sociología política denominan ‘Islamofascimo’ o ‘Islamoanarquismo’, en los que el acto terrorista se asume como un medio o técnica de la guerra revolucionaria sin limitaciones espaciales o temporales”.
De nuevo: el expediente no aborda la autoría del atentado, sino el encubrimiento de la investigación del mismo. Esto no significa que Irán estuvo detrás del hecho, sino que básicamente no se sabe. Hay iraníes imputados, pero el estancamiento de la investigación hace que no se pueda aseverar que tuvieron responsabilidad o no.
Tal recuerda el periodista y politólogo Ari Lijalad, en la investigación primigenia del atentado había dos pistas, la iraní y la siria. Esta segunda nunca se investigó, por lo tanto, corre la misma suerte. No puede confirmarse o descartarse responsabilidad.
El Gobierno igualmente utilizó esta manipulación de la información judicial para presentar una argumentación que sustente un alinemiento con Israel en el conflicto internacional que escaló en las últimas jornadas. Las distorsiones son claras.
