MARTES, 26 DE NOV

Debaten proyecto sobre violencia institucional en la Cámara de Diputados

A la jornada de trabajo de este martes se llegó luego de que expusieran ante los diputados, familiares de víctimas de abuso policial, trabajadores de prensa, sindicatos, entre otros colectivos.

 

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados inició la reunión en la que se busca dar dictamen al proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos sobre abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios.

La presidenta de la comisión de Seguridad Interior y cofirmante de la iniciativa, Paula Penacca (Frente de Todos-CABA), destacó al comienzo del plenario que “se llegó a esta sexta reunión de abordaje del tema luego de un trabajo muy importante, con un proceso de escucha de significativo valor”

“Hemos podido dejar de lado la mayor parte del tiempo algunas diferencias, que sin lugar a dudas podemos tener”, remarcó la diputada, al tiempo que destacó que “ha habido muchísimo enriquecimiento a partir de las exposiciones legislativos con respeto al texto inicial”.

LGTBIQ+, organismos de Derechos Humanos, miembros del Servicio Penitenciario Federal, del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la CABA, el Ministerio Público de la Defensa también de la CABA, la Defensoría General de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Secretaría de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Según señala el texto del proyecto, el propósito es «generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional».

En ese sentido, habilita una instancia administrativa para «solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional».

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