El Gobierno nacional anunció la semana pasada que presentará una batería de proyectos en el Congreso para reforzar la seguridad interior y combatir a las mafias del crimen organizado. El borrador de estas iniciativas ya fue presentado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, en la Casa Rosada, y también se le hizo llegar de forma confidencial a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.
Una de las iniciativas del paquete de proyectos es la llamada “Ley Antimafia” para combatir a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos.
La propuesta también incluye la acción de extinción de dominio, que consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos.
Otro proyecto es el que incorpora el instituto de “reiterancia” al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
Además, la cartera de Seguridad presentará un proyecto para ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una “identificación más precisa de los criminales”, estén imputados o condenados.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.
“Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, cárcel o que comience una imputación, se le hará una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento y a partir de ahí todos los imputados y condenados por delitos sexuales, van a dejar sus huellas genéticas”, puntualizó Bullrich.
También está en carpeta una “ley antipiquete” para garantizar el orden público y la libre circulación, y se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.
Para quienes orgnaizan manifestaciones, instigan al corte de calles o obligan a la gente a participar de las manifestaciones, podría haber condenas de cuatro a seis años de prisión.
En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para reformular el concepto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad.
Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación.
“Hoy le pegan a un policía y es como si nada, pero esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”, subrayó.
Una de las medidas más polémicas anunciadas tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, de manera tal que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al “narcoterrorismo”.
En la misma conferencia de prensa de la semana pasada, Petri explicaba que con esta medida los uniformados militares “van a quedar habilitados a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos”.
