El Senado de la provincia de Santa Fe le quitó los fueros a Armando Traferri, sospechado de pertenecer a una red de juego clandestino, donde es señalado como presunto receptor de sobornos a cambio de brindar protección a un organizador del juego ilegal.
El pedido fue realizado por el propio senador por el departamento San Lorenzo. Por eso, los legisladores de todas las bancadas aprobaron el proyecto sobre tablas. El sanlorencino argumenta tener pruebas que demuestran su inocencia y sostiene que ha sido víctima de una persecución política.
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El pasado 22 de septiembre, Traferri solicitó el desafuero durante la sesión de la Legislatura. En esa oportunidad, señaló: “Hace casi tres años que sufro una persecución política-judicial, en el marco de lo que fue, y es, uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial. Funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar a quienes no hacían lo que ellos querían o dictaminaban. Y en mi caso particular, para desprestigiarme a través de operaciones en medios de comunicación”.
Varias cuestiones confluyeron para que Traferri, en este momento, pida su propio desafuero, luego de tres años de refugiarse en su cargo de senador para no enfrentar a la justicia.
Por un lado, la elección del pasado 10 de septiembre, en la que el “Pipi” ratificó su banca en el Senado fue un espaldarazo político de cara a esta nueva etapa. Por otra parte, el cambio de signo político a nivel provincial, con un Gobierno más cercano a él fue otro punto importante.
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Pero, por sobre todo, influye el escándalo que se vive en el Ministerio Público de la Acusación. Es que el fiscal Matías Edery, quien en su momento había pedido el desafuero de Traferri, fue acusado vínculos con una testaferro de Los Monos. Edery fue denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno de omitir denunciar hechos ilícitos y evitar compartir información con otros fiscales.
Por su parte, Edery argumentó que se trata de una informante de la Fiscalía, y que algunas informaciones carecían de verosimilitud, por lo tanto, consideraron que no era necesario compartirlas.
La acusación
De la banda participaban también el ex fiscal regional Patricio Serjal y al empresario Leonardo Peiti. Según estableció la investigación judicial, esta asociación ilícita tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020; mientras que su ámbito de operación fue la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario (principalmente), Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Respecto a las actuaciones puntuales de los indicados como “organizadores”, los fiscales revelaron que Serjal era el encargado de la cobertura judicial, “quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad (ex fiscal rosarino que actualmente se encuentra en prisión preventiva) sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal”.
En cuanto a Armando Traferri, sostienen que le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.
