El 10 de diciembre de 1983, el radical Raúl Alfonsín asumía a la presidencia de Argentina. Su llegada a la Casa Rosada no sólo significó un cambio de gobierno, sino que, mediante el voto popular, puso fin a siete años de una feroz dictadura cívico militar, que secuestró, encarceló, torturó y asesinó a una gran cantidad de argentinos, dejando un saldo de 30.000 personas desaparecidas y cerca de 500 niños apropiados.

Debilitado por el cimbronazo que representó perder la Guerra de Malvinas y con una crisis económica que acrecentaba día a día el descontento popular, el gobierno militar –que condujo al país entre 1976 y 1983– convocó a elecciones. Después de muchos años, la ciudadanía volvió a las urnas y, el 30 de octubre, Alfonsín le ganó la presidencia al candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder.

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A partir del 10 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín asumió como presidente, Argentina comenzó a recuperar la democracia. En las últimas cuatro décadas, en el país rigió el Estado de derecho y la continuidad institucional a través de las elecciones libres de autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, la historia de estos 40 años no es lineal: si bien se conquistaron derechos, también existieron períodos caracterizados por la exclusión económica y social, como la hiperinflación de fines de los 80’s o la crisis del 2001.

Doce presidentes en cuarenta años

A lo largo de estos cuarenta años de democracia, el país tuvo doce presidentes. Cabe destacar que hasta 1994, los mandatos duraban seis años, mientras que a partir de este año, con la reforma de la Constitución Nacional, los cargos pasaron a tener una extensión de cuatro años.

Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), gobernó al país entre 1983 y 1989.

Carlos Menem, del Partido Justicialista, tuvo dos presidencias: la primera tuvo lugar entre 1989 y 1995, mientras que la segunda –ya de cuatro años– ocurrió entre 1995 y 1996.

Fernando de la Rúa, de la UCR, gobernó entre 1999 y 2001. Si bien estaba previsto que su mandato finalice en 2003, el estallido social ocurrido en diciembre de 2001 lo obligó a presentar su renuncia de forma anticipada.

Ramón Puerta, del Partido Justicialista, era el presidente provisional del Senado y tomó la conducción del país ante la renuncia de de la Rúa. Su gestión duró tres días: comenzó el jueves 20 de diciembre y culminó el 23 de ese mes.

Adolfo Rodríguez Saá, del Partido Justicialista, fue designado presidente en una Asamblea Legislativa y asumió el domingo 23 de diciembre. Sólo duró una semana en el cargo, y renunció el 30 de enero.

• Ante la acefalía, la presidencia recayó en el también justicialista Eduardo Camaño, quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados. Asumió como presidente interino el 31 de diciembre y convocó a una nueva Asamblea Legislativa para que se elija un nuevo presidente.

• El 1 de enero de 2002 el Congreso eligió al justicialista Eduardo Duhalde, quien asumió un día después y gobernó durante un año y cinco meses.

• En 2003, mediante el voto popular, el justicialista Néstor Kirchner ganó las elecciones y fue presidente hasta 2007.

• La sucesora fue su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo dos presidencias: una entre 2007 y 2011 y, la otra, entre 2011 y 2015. Para su segundo mandato, fue reelecta en primera vuelta con más del 54% de los votos.

• En el 2015 el país dio un giro político, cuando Mauricio Macri, de Propuesta Republicaba (PRO), se convirtió en presidente, gobernando hasta el 2019.

• En las elecciones del 2019, Alberto Fernández, del Partido Justicialista, ganó la presidencia y gobernó hasta diciembre del 2023.

• En el balotaje de este año, el libertario Javier Milei se impuso a Sergio Massa y, continuando con la tradición inaugurada en 1983, asumirá este domingo 10 de diciembre.

¿Por qué los presidentes asumen el 10 de diciembre?

En 1948, a solo tres años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el día 10 de diciembre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue aquella la fecha en la que Raúl Alfonsín, a poco menos de dos meses de triunfar en las elecciones que lo consagraron Presidente de la Argentina, asumió el Gobierno para poner fin a la última dictadura cívico militar.

El 10 de diciembre de 1983 no era la fecha prevista originalmente para el arribo al poder del dirigente de la UCR, porque el régimen dictatorial había establecido como día para el traspaso el 25 de mayo de 1984. Sin embargo, ante el pedido reiterado de Alfonsín, el dictador Reynaldo Bignone decidió adelantar la asunción por medio de un decreto promulgado el 16 de noviembre. La fecha elegida para el traspaso, por pedido de quien sería el primer presidente democrático tras siete años de dictadura, fue el 10 de diciembre en conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En 2007, el Congreso de la Nación declaró por Ley al 10 de diciembre como Día de la Restauración de la Democracia. Desde ese momento, además, fue estipulado como la jornada de recambio de todos los cargos electivos, tanto ejecutivos como legislativos.

Solo en dos ocasiones anterior un presidente no asumió sus funciones ese días. El primero de ellos fue Carlos Menem, que en forma anticipada llegó a la Casa Rosada el 8 de julio de 1989 para reemplazar a Alfonsín tras haberse impuesto en las elecciones de ese año. El 25 de mayo de 2003, por su parte, Néstor Kirchner asumió la Presidencia después de un frustrado balotaje al que Menem renunció de participar cuatro días antes de llevarse a cabo.

Una democracia con conquistas y fracasos

Los cuarenta años de democracia estuvieron cargados de hechos sociales y políticos que marcaron la vida de los argentinos. Hubo crisis económicas, siendo la del 2001 la más significativa, pero también se conquistaron derechos y se nacionalizaron recursos y empresas estratégicas.

Juicio a las Juntas. En un repaso histórico, uno de los primeros gestos de Alfonsín para fortalecer la flamante democracia tuvo lugar en 1985, cuando ordenó someter a juicio a los nueve integrantes de las Juntas Militares que gobernaron al país entre 1976 y 1983. Los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron acusados y condenados por violar los Derechos Humanos de forma sistemática, como parte de un plan represivo.

Ley de Punto Final. En 1986 el Congreso aprobó la Ley 23.492, que estableció la caducidad de la acción penal (o sea, la prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico militar.

Ley de Obediencia Debida. Un año más tarde, se aprobó la Ley 23.521, que estableció una presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”, un concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.

Ley de Divorcio. Esta norma se aprobó en 1987 y modificó el Código Civil argentino, permitiendo la disolución de la unión matrimonial. 

Alzamientos carapintadas. Entre 1987 y 1990 hubo cuatro sublevaciones, donde integrantes del Ejército Argentino, conocidos como los “carapintada”, tomaron instalaciones militares para protestar contra los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Hiperinflación. Argentina tuvo dos picos hiperinflacionarios: el primer pico tuvo lugar en abril de 1989 –durante la presidencia de Alfonsín– y pudo ser controlado de forma temporaria mediante la aplicación del Plan Bonex, una herramienta impulsada por Menem que implicó el canje forzoso de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos. El segundo pico hiperinflacionario se produjo a comienzos de 1990 y pudo ser controlado parcialmente hacia abril de ese año.

Indultos de Carlos Menem. Entre 1989 y 1990, el entonces presidente indultó a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura. Entre los beneficiarios de estos “perdones” se encontraba integrantes de las Juntas Militares que habían sido condenados en 1985.

Convertibilidad. Para controlar los niveles inflacionarios –que se mantuvieron en niveles altos durante todo 1990– en abril de 1991 el gobierno de Menem aplicó la Lay de Convertibilidad del Austral, que derivó en lo que popularmente se conoce como “uno a uno”, donde un dólar valía un peso. Si bien los aumentos de precios se redujeron drásticamente, en los diez años de vigencia de este sistema –ideado por el ministro de Economía de ese momento, Domingo Felipe Cavallo– aumentó severamente la pobreza y el desempleo.

Fin del servicio militar obligatorio. En 1994, desapareció el conscripto Omar Carrasco. Su cuerpo fue encontrado un mes después en el cuartel. Al descubrirse y difundirse que Carrasco había sido víctima de torturas, el presidente Menem puso fin al servicio militar obligatorio el 31 de agosto.

Reforma Constitucional. Previo a reformar la carta magna, en 1993 Alfonsín y Menem se comprometieron, en lo que se conoce como “Pacto de Olivos”, a impulsar una reforma constitucional. Los cambios permitieron pasar de un período de seis años de presidencia sin la posibilidad de una reelección consecutiva a un período de cuatro años de presidencia con una reelección consecutiva posible, introducir la figura del balotaje y darle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Estallido social del 2001. El país arrastraba una crisis económica y política desde 1998, que tuvo su explosión en las últimas semanas del 2001, cuando miles de argentinos salieron a las calles a protestar, en lo que se conocían como “cacerolazos”, hasta que el 19 de diciembre renunció el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien tuvo que salir de la Casa Rosada en helicóptero. El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del “Corralito”, el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Durante la crisis fueron asesinadas 39 personas en acciones represivas.

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Cinco presidentes en una semana. Tras la renuncia de de la Rúa, entre el 20 de diciembre y el 2 de enero se sucedieron cuatro presidentes: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.

Anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 2 de septiembre de 2003, el Poder Ejecutivo, a cargo de Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que permitió reabrir los juicios contra los acusados de delitos de lesa humanidad. Este no fue el único gesto de Kirchner para con las políticas de memoria, verdad y justicia: también ordenó descolgar los cuadros de los dictadores Videla y Bignone de la “galería de directores” del Colegio Militar.

Eliminación de las AFPJ. En 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se eliminó el sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), empresas dedicadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores. Este mecanismo fue reemplazado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La 125. El Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social fue anunciado el 17 de junio de 2008 por Fernández de Kirchner, con el fin de ratificar la Resolución 125/08 dictada por el ministro de Economía Martín Lousteau, con el objetivo de crear un Fondo de Redistribución Social, formado con la recaudación impositiva de las retenciones a la soja y sus derivados. El anuncio provocó protestas masivas y cortes de ruta en todo el país –impulsado mayormente por el sector agropecuario– y, cuando se votó en el Senado, fue el vicepresidente Julio Cobos quien debió desempatar, emitiendo un voto negativo y dejando a la ley trunca.

Matrimonio igualitario e identidad de género. El 15 de julio de 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, que permitió que personas del mismo sexo puedan casarse. Dos años más tarde, el Congreso aprobó la Ley de Identidad de Género, que permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales y otros registros con el nombre y el género con el que se sientan representados.

Estatización de YPF. En 2012, por iniciativa de la presidenta Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la expropiación del 51% del capital accionario de YPF.

Deuda con el FMI. En el 2018, el entonces presidente Mauricio Macri anunció que había “iniciado negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo de 45.000 millones de dólares, el más grande en la historia de esa organización. Actualmente, el organismo internacional inició investigaciones para determinar si este desembolso fue legal y cuál fue el destino de estos fondos, ya que se presume que una buena parte se utilizó para fugar capitales.

Interrupción Voluntaria del Embarazo. En el 2018 el proyecto de ley que garantizaba el aborto legal, seguro y gratuito había quedado a medio camino, pero en diciembre de 2020 volvió a ser presentado por el presidente Alberto Fernández y se convirtió en ley.

Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El jueves 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó con una pistola Bersa, con munición real en su cargador, contra la vicepresidenta, quien en ese momento regresaba a su casa de barrio Recoleta y saludaba a sus seguidores. Si bien el sujeto gatilló dos veces, los disparos no se produjeron. El atacante fue detenido inmediatamente.