Alrededor de las 20 horas del domingo 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi recibió una llamada telefónica. Minutos después, dijo que tenía que salir para ir a buscar la tarea que uno de sus hijos tenía que hacer para la escuela y salió, sin dejar mayores explicaciones. Esa fue la última vez que la joven sanlorencina fue vista con vida. Mucha agua ha corrido bajo el puente, investigaciones cuestionadas, un juicio casi fallido, búsquedas del Equipo de Antropología Forense y pistas falsas. Han pasado 12 años pero, como tanto ha repetido su padre, los huesos de Paula siguen sin aparecer.
La investigación por la desaparición de Paula puede ser leída como un muestrario de todo lo que no debe hacerse en un proceso judicial. Fue fallida desde un principio. Hubo desidia desde el primer momento en que su padre hizo la denuncia, y gravísimas desprolijidades.También idas y vueltas con fiscales y jueces, impugnaciones, pistas que nunca se siguieron hasta que fue demasiado tarde y policías que mantenían relaciones muy estrechas con los principales sospechosos.
Si bien en una primera instancia, la policía se concentró en el marido de la joven, Rodolfo Daniel Ortiz de Elguea, poco a poco las líneas investigativas se abrieron en otra dirección y terminaron revelando una relación extramatrimonial que la mujer de 34 años tenía con un muy conocido empresario de San Lorenzo, Gabriel Strummia. Y días después se confirmaba que Paula Perassi estaba cursando las primeras semanas de un embarazo, fruto de dicha relación. Según el avance de las pesquisas, la principal hipótesis que avanzó, hasta convertirse añós más tarde en juicio, fue que Paula había decidiso seguir adelante con ese embarazo en contra de la voluntad de Strummia. Y, para evitarlo, el empresario, con la ayuda de su esposa, Roxana Michl y su amigo y empleado Alberto Díaz, la engañaron, la secuestraron y la obligaron a practicarse un aborto que terminó con su muerte.
Finalmente, en abril de 2015, el juez Juan José Tutau ordenó la detención de 9 personas, entre ellos, cinco efectivos de la fuerza policíal: Gabriel Strumia, Roxana Michl, Alberto Díaz, Adolfo Puyol, entonces jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII, y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli, por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Todos, excepto Díaz, fueron detenidos por Tutau y el 19 de mayo de 2015 se les dictó el procesamiento, embargo de bienes y prisión preventiva. Sin embargo, poco después, en un fallo sorprendente, el juez de Cámara Adolfo Prunotto Laborde les revocó la prisión preventiva y concedió la libertad de ocho de los imputados, fallo que fue luego revertido por la Corte Suprema de Justicia, en marzo de 2016. Y en mayo de ese mismo año, el camarista Carlos Carbone ordenó la prisión preventiva efectiva de los tres civiles y del ex jefe de Cuerpos. En tanto dictó arresto domiciliario para los otros efectivos.
Fue el juez Carbone el que hizo una fuerte crítica a quienes llevaron delante la causa, a la que calificó de «desmadre», y quien en noviembre de 2016 revocó el sobreseimiento de Díaz, el ex empleado de Strummia y le repuso la imputación de aborto sin consentimiento seguido de muerte.
El juicio
Tras uin largo y escabroso recorrido, el 24 de abril de 2019 la causa de Paula Perassi fue llevada a juicio. Durante tres días, los jueces Griselda Strologo, Alvaro Campos y Mariel Minetti escucharon acusaciones, testimonios y alegatos en el proceso por aborto no consentido seguido de muerte, que tuvo a 9 personas en el banquillo de los acusados. En esa primera instancia, el Tribunal consideró que no hubo pruebas suficientes para condenar a los imputados y todos fueron absueltos con el voto unánime de los tres magistrados.
Los jueces consideraron que «no se logró probar con la certeza necesaria» la culpabilidad de los acusados y enfatizaron «las graves deficiencias investigativas» que no permitían probar la acusación. Remarcaron además que ninguna de las acusaciones pudieron ser convertidas en una «prueba sólida».
Tas la apelación a la sentencia, el 28 de noviembre de ese ñmismos año, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó parcialmente el fallo y resolvió condenar al empresario Gabriel Strumia y a su mujer Roxana Michl.
Los camaristas Alfredo Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone, consideraron a Strumia «autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse la víctima de mujer embarazada», y lo sentenciaron a 17 años de prisión. En tanto, a su esposa, Roxana Michl, le dictaron una condena de 7 años por ser «partícipe secundaria penalmente responsable».
Esa sentencia fue revisada y confirmada un año después, en diciembre de 2020 por la Cámara Penal.
Los huesos de Paula
A pesar de las instancias judiciales y el paso del tiempo, para la familia Perassi la lucha no ha terminado. Sus hijos tienen hoy 15 y 18 años y Alberto Perassi sigue pidiendo, incansablemente, una y otra vez, en cada lugar y momento donde puede hacer oir su voz. «Sólo quiero que me digan que es lo que hicieron con los huesos de mi hija».
En los últimos años, el Equipo de Antropología Forense ha realizado varias excavaciones a partir de denuncias que fueron llegando. Se siguieron pistas en un basural, donde trabajaron durante meses, en el monte de eucaplitos en un camino paralelo a la ruta nacional AO12 y en la cuneta de la autopista Rosario Santa Fe, a la altura de Capitán Bermúdez.
Alberto Perassi y Alicia Ostri siguen esperando, llevan la foto de su hija a todos lados y levantan su nombre cada vez que pueden. Aunque ya han pasado cuatro años, aún resuena la voz de Alicia en aquella sala del Centro de Justicia Penal en la que se dirimió la causa: «Lo único que yo quisiera saber es si esta viva o esta muerta, que me digan la verdad, que no me tengan a las vueltas. Quiero saber dónde está Paula».
