La justicia jujeña otorgó este jueves la libertad condicional a Mirta Guerrero, una de las integrantes de la organización barrial Túpac Amaru, quien cumplía prisión domiciliaria.
La orden judicial fue dispuesta luego de que organismos de Derechos Humanos reclamaran en los últimos días que se revierta la situación procesal de Guerrero.
La militante social fue condenada a 6 años de prisión en el 2019, el marco de la causa denominada “Pibes Villeros”, expediente que fue recurrido por la defensa y permanece con un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los últimos días una delegación de organismos de Derechos Humanos se entrevistó con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Federico Otaola, y el titular del Ministerio Publico de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, para pedir la libertad condicional de cinco mujeres de la Túpac Amaru, entre ellas Guerrero, por haberse cumplido las dos tercereas partes de sus condenas.
“A Mirta Guerrero le retiraron la pulsera electrónica y firmó los documentos que le concede la libertad condicional”, dijo a la agencia de noticias Télam José Shulman, referente de Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh).
El activista consideró: “Es una medida que correspondía, que nosotros solicitamos y entiendo que parte del acuerdo con el Tribunal que se comprometió a revisar los requerimientos”.
“Ojalá que a partir de ahora comience una relación de mayor respeto a la ley, nosotros seguiremos exigiendo la revisión de las causas para que se ajusten a derecho”, manifestó sobre la situación de Milagro Sala y los “presos políticos” jujeños
Los integrantes de la comitiva de Derechos Humanos se mostraron expectantes de que la medida resuelta en este jueves se extienda a favor de las otras integrantes de la Túpac Amaru que permanecen con prisión domiciliaria.
Los referentes denunciaron ante las autoridades de justicia que las militantes sociales María Graciela López, Patricia Cabana, Mirta Rosa Guerrero, María Sandra Condori y Adriana Noemí Condori sufren “condiciones inhumanas” de detención y “falta de atención médica”, aparte de ser víctimas de “violencia ejercida por el servicio penitenciario” de la provincia.
Otro de los planteos transmitidos fue el reclamo de que “se respeten” las garantías constitucionales de las cinco detenidas, quienes en enero de 2019 fueron condenadas a la pena de entre 6 y 7 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes villeros”.
De las entrevistas con Federico Otaola y Lello Sánchez participaron el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), José Schulman; Carolina Ameijeiras y Susana Traversi, del Foro por la Democracia y la Libertad de los presos políticos; más el gremialista Rubén Ciuro, de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) de la CTA.
A ellos se suman el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy; la secretaria general de Fatpren y dirigenta de SiPreBA, Carla Gaudensi; y la integrante de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, Margarita Cruz.
