La Cámara Nacional de Tabaco presentó una denuncia penal contra el apodado “Señor del Tabaco”, Pablo Otero, en la que lo acusa de pagar una coima de 4 millones de dólares a legisladores nacionales para quitar el capítulo fiscal de la Ley de Bases, que establecía igualdad de condiciones para todas las tabacaleras: les permitía tributar el 73 por ciento del precio del atado de cigarrillos en el mercado, y no una suma fija, impagable para las marcas más económicas.
La denuncia es a raíz de un e-mail que recibió el nucleamiento de pymes nacionales y también una tabacalera de Salta, en el que se brinda detalles sobre la presunta operatoria delictiva que beneficiaría los bolsillos de Otero. Según la denuncia, ese dinero sería para repartir entre varios diputados.
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Lo que llamó la atención fue que de golpe y de manera inconsulta se quitó del proyecto este capítulo de la norma que beneficiaría al Estado para volver a cargar con el impuesto mínimo, que impide a las empresas con marcas económicas trabajar, salvo que consigan un recurso de amparo judicial, tal como lo hace la propia tabacalera Sarandí, la firma de Otero.
Denuncia del gobernador salteño
La medida desató un escándalo no sólo por la denuncia de la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), sino por una publicación que realizó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, una de las siete provincias tabacaleras de Argentina. En sus redes sociales, arremetió contra un grupo de diputados nacionales, insinuando connivencia con intereses empresariales en la industria del tabaco.
El mandatario Sáenz acusó a legisladores nacionales de “torcer el brazo” del gobierno y favorecer a una empresa privilegiada, “que se autopercibe pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino, en detrimento de las economías regionales”.
La mención es a que Sarandí trabaja en asociación con Imperial Tobacco, una multinacional oligopólica de origen brasileño.
Además, existe una denuncia penal presentada por el senador provincial salteño Enrique Cornejo contra otro diputado, a quien apunta por favorecer a la misma tabacalera, que recibió el apoyo de varias empresas del sector.
Jujuy también denuncia
Desde Jujuy, la Cámara del Tabaco, a través de su titular, Pedro Pascuttini, cuestionó que el gobierno nacional decida ceder ante las presiones de empresas que no tributan como los productores y que seguirán siendo beneficiadas si no se modifica la cuestión impositiva en el sector tabacalero.
“Desde el año 2017 que venimos advirtiendo sobre esta situación, hemos llevado a cabo medidas para llamar la atención de los legisladores, de la justicia federal y del gobierno nacional pero no se ha resuelto. Ahora vemos con sorpresa que no se haya incluido al tabaco en el apartado fiscal de la ley Ómnibus. Eso no es bueno, no es positivo ni para la producción, ni para la Nación, ni mucho menos para las siete provincias tabacaleras que constituyen una economía regional”, explicó Pascuttini.
La denuncia de Canet
La denuncia surgió a partir de un mail que recibieron el 13 de marzo pasado en el que se relata con lujo de detalles cómo, según esta versión, se pagó la coima en cuestión. Direcciones, fechas, patentes de autos, nombres, todo en pro de que el dinero llegara a manos de legisladores que de la noche a la mañana provocaron la desaparición del capítulo sobre el tabaco del proyecto de ley Ómnibus.
Y es por eso que Canet presentó ante la Justicia el mail y diversas pruebas a las que tuvo acceso y pide al juez que investigue la eventual comisión de los delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos que surja de la investigación contra Otero y contra legisladores, policías, gendarmes, abogados y empleados.
Ese mail, que se encontraba copiado a la Cámara de la Industria del Tabaco y la Cámara del Tabaco de Salta, acusa al diputado Carlos Castagneto de haber recibido la suma de 4 millones de dólares de parte de Pablo Otero para repartir entre algunos miembros de su bloque y para dos diputados del PRO, aunque no señala sus nombres. El mail que se detalla en la denuncia penal sostiene que se hicieron dos pagos, uno al principio de la “gestión” y otro contra el resultado de la misma.
En la denuncia se detalla que hubo dos pagos que estuvieron a cargo de personas de confianza de Otero. Se trata de cuatro personas, dos de ellas con cargo en la Policía Federal y en Gendarmería. En la denuncia detallan los autos en los que llegaron, en qué restaurante comieron y hasta los números de cuenta y de Swift (CBU estadonidense) desde donde transfirieron el dinero de Estados Unidos. También detallan la cantidad de dinero que tiene en esas cuentas sin declarar, por lo que suponen un lavado de activos.
Diputados en la mira
La disputa pone en la mira a Cristian Ritondo y Diego Santilli, de la bancada del PRO, contra Carlos Castagneto, peronista y ex titular de la Afip, y el legislador libertario Carlos Zapata.
En principio, Ritondo negó que desde su bloque hayan reclamado a la administración de Milei que eliminara los artículos que elevaban la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos para beneficiar a Pablo Otero.
En la misma línea habló Santilli: “La posición del PRO es ni Massalin Particulares (la otra gran multinacional del rubro, apuntada como lobbista en su contra por el empresario Otero) ni Sarandí. Proponemos un proyecto que replica lo que funciona en el mundo: altos impuestos para que el precio del tabaco sea más caro; fijar un precio mínimo salud; eliminar el impuesto mínimo, que generó todas las distorsiones; buscar un mecanismo para buscar la evasión fiscal y suprimir la estructura de controladores que planteaba el gobierno”.
El descargo de Otero
“Esa denuncia es totalmente falsa, contradictoria, ridícula y hecha para lograr un efecto en los medios. Como dije varias veces, no conozco al diputado Castagneto. No tengo cuentas en Bahamas ni en Banco Itaú, es todo un delirio. Sí, tenemos una empresa en Panamá y otras en Estados Unidos, pero están declaradas. Hablan de una chica que trabajó en mi empresa hace diez años y cuando pregunto me dicen que vive en Europa hace cuatro años. Mal puede haber participado en pagos por coimas en Argentina para evitar una ley actual”, expresó Otero.
