Por Alejandra Ojeda Garnero
Este lunes cerró su alegato el fiscal Fernando Arrigo quien dio por probados todos los hechos y la participación de los acusados, excepto uno de ellos por quien pedirá la absolución. El funcionario judicial apoyó su teoría acusatoria en el testimonio de algunas personas que se encontraban detenidas en la comisaría séptima cuando Franco Casco estuvo detenido en esa dependencia, y de la médica Virginia Creimer, y el relato de distintos académicos como Eugenia Cozzi y Máximo Sozzo, quienes hicieron una descripción de violencia institucional sin referirse puntualmente al caso porque no leyeron el expediente. El fiscal tampoco tuvo en cuenta las pruebas objetivas, ni las declaraciones de peritos que realizaron los informes a lo largo de la investigación por considerarlos “parciales”.
En este sentido, Arrigo dio por probado los hechos tal cual se describieron en la requisitoria de elevación a juicio, los delitos de “desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, e imposición de torturas a persona privada de su libertad seguida de muerte, a Diego Álvarez, Cecilia Contino, Walter Benítez, Fernando Blanco, César Acosta, Guillermo Gysel, Cintia Greiner, Rocío Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Gianola Rocha, Esteban Silva, Ramón Juárez, Romina Díaz y Franco Zórzoli como autores, por lo que pidió la pena de prisión perpetua, ya que los acusados son garantes de los bienes jurídicos en juego, debido a que se encuentran envestidos de autoridad policial.
En tanto, Belkis González y Rodolfo Murua, teniendo en cuenta los deberes que pesaban sobre ellos, corresponde condenarlos como partícipes secundarios, para quienes solicitó una condena de 14 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo plazo. A diferencia del resto, no se encontraban como garantes de los bienes jurídicos en juego, ya que se desempeñaban como personal administrativo. El fiscal consideró como atenuantes la falta de antecedentes penales.
Además para Pablo Síscaro y Daniel Escobar, pidió condena de 5 años y 10 meses e inhabilitación por encubrimiento, con el agravante de su participación para ocultar prueba de los hechos acontecidos. Y la forma en que se realizaron los interrogatorios a los internos detenidos. Mencionó como atenuantes la falta de antecedentes. Además pidió la absolución de Walter Ortiz.
Por último, para Daniel Crespo, el vecino que dio origen a la causa, vertió testimonios mendaces sobre los hechos, solicitó la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
A pesar de todas las pruebas objetivas expuestas a lo largo del debate, que lleva 55 jornadas, y casi un año y medio, donde pasaron alrededor de doscientos testigos, que demostraron cómo ocurrieron los hechos, el fiscal Arrigo dio por probado que «Franco Casco fue privado de su libertad, admitido con falsedades por los imputados», según su teoría del caso ya que considera que luego de haber torturado, matado y arrojado al río al joven, los 19 policías «crearon una coartada para desvincularse de sus responsabilidades». Según la teoría del fiscal Arrigo, todas las acciones que llevaron adelante los policías en relación a las diligencias sobre la detención de Franco Casco fueron una puesta en escena. En ese sentido se puede enumerar, en orden cronológico: el llamado del vecino Daniel Crespo a quien imputaron por falso testimonio; el llamado al fiscal Álvaro Campos para notificarlo sobre la detención del joven. Cabe preguntar este punto si el fiscal Campos fue engañado por los policías a través de distintos llamados, en los cuales los efectivos de la séptima simulaban llevar a cabo distintas diligencias para desvincularse del hecho. También tomaron las fichas dactiloscópicas y fueron a jefatura para identificar a una persona que «ya habían matado», según el fiscal. De la misma manera, afirma el fiscal, salieron en el patrullero a dar vueltas por la zona para tratar de identificar el domicilio de Franco, aunque «ya lo habían matado». También realizaron una llamada a la Central 911, para simular que estaban tratando de ubicar el domicilio de Franco, cuando en realidad ya no estaba vivo. Pero además de todo, el fiscal afirma que antes de matarlo le hicieron firmar un acta de conocimiento de derechos para cubrirse de lo que iban a hacer «matarlo».
Siempre siguiendo la teoría fiscal, los policías de la comisaría séptima, luego de darle muerte a Franco y arrojarlo al río, negaron y ocultaron información a los familiares del joven cuando fueron a consultar sobre su paradero. Cabe señalar que quedó probado, según la declaración testimonial de Ramón Casco en este juicio, que fue el comisario Álvarez quien le dijo que Franco había estado alojado en esa dependencia, pero se había identificado como Franco Godoy. También consideró que realizaron maniobras para desviar la investigación al afirmar que existían videos, que fueron exhibidos en distintas audiencias sobre la presencia del joven deambulando por la zona norte de la ciudad. En resumen, todas las pruebas presentadas por las defensas de los imputados, fueron utilizadas por la fiscalía en contra de los propios imputados.
En cuanto a la calificación legal, el fiscal la modificó en los casos de Franco Zorzoli, Romina Díaz y Ramón José Juárez, quienes estaban acusados como partícipes secundarios, sin embargo pidió la misma condena que para los autores, prisión perpetua. Para Belkis González y Rodolfo Murúa mantuvieron la calificación de partícipes secundarios, mientras que Escobar y Síscaro, integrantes de Asuntos Internos fueron acusados por encubrimiento. En tanto, para Walter Ortiz pidió la absolución.
En definitiva, para el fiscal «era 6 de octubre, Franco Casco estaba en la casa de su tía, era introvertido y callado. Quería volver a Buenos Aires, a su casa, con su familia, eran horas de la tarde salió con sus pocas pertenencias en dirección a la zona de la terminal de trenes de Rosario Norte con cierta dificultad para orientarse porque no conocía la ciudad».
Y continuó: «Terminó en la jurisdicción de la séptima de Rosario. Franco era de aquel colectivo que los especialistas identificaron como del grupo vulnerable para la violencia institucional. Era noche de cacería para algunos policías de la comisaría séptima, al día siguiente era asueto. Los móviles de la comisaría que estaba en la jurisdicción cazaron a Franco y lo ingresaron a la comisaría aproximadamente a las 23.30 horas. No documentaron su ingreso, no lo blanquearon, para trabajar tranquilos sin plazos, y según Álvarez los fiscales no contestaban los teléfonos de noche. Lo torturaron, le tomaron los datos, le hicieron firmar el acta de conocimiento de derechos con fecha y horario que parecieran evidentemente errados, fichas dactilares y fotografías. Y luego lo siguieron torturando», aseguró el fiscal.
Para sostener esta teoría, se basó en testimonios de personas detenidas en la comisaría. «Franco cayo en la guardia más brava, la que más verdugueaba, la más jodona. Como no era del ambiente gritaba, cada vez más fuerte. No sabía que no tenía que gritar para que le dejaran de pegar. Al final lograron callarlo, pero se les fue la mano. A Franco Casco lo asfixiaron. En distintas oportunidades los involucrados observaron el cuerpo sin vida de Franco tirado en el piso del transitorio. Mientras lo observaban, los imputados tomaron conocimiento de lo que habían hecho y a lo que se enfrentarían si la verdad salía a la luz. Sabían que Franco no pasó inadvertido para algunos de los detenidos de esa noche, pues dialogó con algunos de ellos, se identificó y no lo dejaron dormir por los gritos desgarradores y la feroz tortura a la que lo sometieron. No podían simplemente hacerlo desaparecer, necesitaban crear una coartada que les garantizara la impunidad. Tenían algunas limitaciones, siempre mezclando la verdad indiscutible con mentiras hábilmente creadas, y con una registración retrasada de los acontecimientos reales se podía alcanzar esa impunidad», detalló el fiscal en el final del controversial alegato que no se condice con la prueba objetiva producida en el debate.
Siempre según su teoría: «Otro escollo era que el cuerpo había que sacarlo de la comisaría y limpiar la sangre del transitorio para que no quedaran marcas de las sesiones de tortura. Primero, uno de los detenidos se comunicó esa noche y madrugada con Franco», a pesar que el fiscal afirma que fue sometido a dos sesiones de tortura continua. «Estaba a escasos metros del transitorio, en la cuadra y vería el cuerpo sin vida de Franco cuando lo sacaron. Ese 7 de octubre era día de visitas y podrían ver el cuerpo y la sangre de Franco en el transitorio. Un corte de luz en la zona del penal, relatado por un detenido fue momento oportuno para sacar el cuerpo sin que nadie lo viera», aseguró el fiscal.
También aseguró que «sacaron de la comisaría séptima el cuerpo sin vida de Franco y lo tiraron al río», sin precisar cómo ni en qué vehículo lo trasladaron, como tampoco el lugar donde fue arrojado. Solo agregó que se trata de «un buen mecanismo antiforense pues se deshacían de los rastros de las torturas y eventualmente del cuerpo», como afirmara en su declaración la médica Virginia Creimer en su clase magistral frente al tribunal.
«Alejar el paso de Franco por esa noche de gritos y torturas a las horas del día serviría para alejar las sospechas de responsabilidad de su muerte o desaparición. Luego, con un criterio de confianza con el creador de la coartada y la responsabilidad de los que habían participado de lo sucedido se dividirían los roles. Un vecino del barrio, de confianza, el jefe Álvarez ayudaría a introducirlo a Franco Casco en una puesta en escena, y explicaría su detención. El vecino cumplió y mintió. Con un supuesto cruce de miradas era suficiente para justificar una supuesta detención de Franco Godoy. No había testigos, un invento de resistencia y agresión a la autoridad era suficiente. Una doctora que se conformara con los dichos de los funcionarios y una foto era perfecto, y así fue», aseguró Arrigo.
«Los acontecimientos se precipitaron y los familiares de Franco aparecieron en la comisaría séptima, a preguntar por el paradero y ellos negaron inicialmente el paso de Franco por la comisaría. Así podían ganar tiempo con la construcción de esa verdad a medias, pues una vez que se confirmara que Franco había esto ahí perderían el control total de los acontecimientos», continuó el fiscal con su teoría del caso, a pesar de la prueba en contrario producida a lo largo del juicio.
«Con este criterio de confianza y algunos excompañeros del jefe, funcionarios de Asuntos Internos, podrían ayudar para poder seguir ganando tiempo y en una de esas, conseguir la impunidad. La coartada se construyó, hasta que perdieron el control», concluyó el fiscal.
