Por Alejandra Ojeda Garnero
El juicio por la muerte de Franco Casco llegó a su fin. Después de 9 años de ocurrida la muerte del joven de Florencio Varela, que llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en el barrio Empalme Graneros, y que después de unos días, el 6 de octubre abandonó la vivienda y no se supo más sobre su paradero hasta que su cuerpo apareció flotando en las aguas del Paraná, el 30 de octubre del mismo año. Luego, sus padres llegaron a Rosario para iniciar la búsqueda, y entre varios lugares que recorrieron, llegaron a la comisaría séptima donde les informaron que había estado detenido allí el 7 de octubre desde horas del mediodía, por resistencia a la autoridad, y había recuperado la libertad el mismo día a las 22.
El dato de la detención fue el puntapié inicial para que todas las sospechas sobre la desaparición se posaran sobre los efectivos de la seccional. A pesar de la existencia de actuaciones que indicaban que todo el procedimiento de detención se había realizado según indicaba la ley en aquel momento, hacía pocos meses había entrado en vigencia el nuevo Código Procesal en la provincia de Santa Fe, los efectivos policiales fueron acusados de desaparición forzada, torturas y muerte de Franco Casco.
Después de varias idas y vueltas entre la justicia provincial y la federal, finalmente fue aceptada por esta última al considerar que había elementos que configuraban el delito de desaparición forzada. La investigación comenzó en 2014 y se extendió hasta 2017 sin acusados, solo llevó adelante la instrucción la Fiscalía Federal y los organismos de Derechos Humanos. Mientras, los efectivos policiales continuaron prestando servicio, algunos en destinos diferentes perro siempre a disposición de la Justicia.
El 4 de septiembre de 2017, tres años después, y cuando la investigación estaba prácticamente cerrada, fueron detenidos los 30 uniformados que se desempeñaban en la seccional séptima, de los cuales 19 quedaron procesados y en prisión preventiva hasta hoy. Seis años de prisión preventiva, pedido de penas de prisión perpetua para 14 de ellos, un juicio de más de un año y medio, y cerca de 300 testigos y a la fecha la acusación no logró establecer cómo murió Franco Casco.
En el inicio del juicio existían dos teorías del caso, la de la acusación que sostuvo que Franco Casco fue detenido ilegalmente la noche del 6 de octubre de 2014, en la Estación de Trenes Rosario Norte, cuando intentaba regresar a Florencio Varela. Fue trasladado a la comisaría, allí fue salvajemente torturado hasta que le ocasionaron la muerte y lo arrojaron al río para ocultar el delito. Al día siguiente labraron actuaciones falsas, porque los padres habían llegado a la comisaría preguntando por el joven, que se había identificado como Franco Godoy, su apellido materno.
La otra versión, la de los policías, sostiene que a partir del llamado de un vecino, el 7 de octubre al mediodía, sobre personas que estaban merodeando la zona con presuntas intenciones de robo, derivó en la salida del comisario Diego Álvarez y el jefe de sumarios César Acosta a realizar un patrullaje. En ese momento fue detenido Franco Casco, llevado a la comisaría, se realizó el acta de procedimiento, se puso en conocimiento al fiscal Álvaro Campos sobre la detención y se realizaron las diligencias correspondientes. A las 22.05 el fiscal ordenó la libertad y el joven se retiró de la seccional. Constan en la causa videos de la madrugada del 8 de octubre donde se lo observa a Franco Casco caminando por la zona de la cancha de Rosario Central.
A lo largo del debate quedó demostrado cómo ocurrieron los hechos. Uno de los puntos analizados fueron los movimientos de los móviles de la comisaría séptima, el 4387 y 5667.
Muchos de los efectivos que se encuentran procesados en esta causa, no tuvieron contacto con Franco Casco, y no estuvieron la noche del 6 en la comisaría, l margen de que el hecho no existió como lo relatan los acusadores. Los registros de movimientos del personal de la seccional dejaron en claro quienes estuvieron y en qué horarios.
El análisis del tiempo que le tomó a Franco Casco llegar a la Estación Rosario Norte, permiten inferir que no pudo haber sido detenido en el horario que estableció la acusación. Teniendo en cuenta que lo había realizado caminando, como según testigos lo vieron salir de la casa de su tía y sabían sus familiares que no contaba con dinero.
La acusación sostuvo desde un principio que los efectivos se negaron a brindar información a la familia cuando fue a consultar a la comisaría. El punto de controversia es que fueron a preguntar por Franco Casco y el joven se había identificado con el apellido de la madre, Godoy. Luego de varias deducciones y al ver la foto del joven, los efectivos le dieron a Ramón que habían detenido a un Franco, pero de apellido Godoy. Ramón lo reconoce en el juicio cuando declaró como testigo que el comisario Diego Álvarez le dio información.
El funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, Diego Rodríguez quien afirmó frente al Tribunal que el día 28 de octubre de 2014 le tomó declaración a uno o dos presos y le informaron que a Franco Casco lo habían golpeado «y se les fue la mano», y luego manifestó que dio aviso a la Fiscalía, lo cual fue desmentido por los propios funcionarios. También dijo que le pidió un informe al comisario Diego Álvarez sobre el joven Casco y éste se lo entregó en un plazo de muy pocas horas.
La teoría acusatoria sostuvo desde el inicio que Franco fue detenido ilegalmente, torturado hasta la muerte y arrojado al río. Las autopsias que se practicaron, concluyeron «causa indeterminada de muerte» con claros indicadores de asfixia por sumersión, es decir que murió ahogado y no bajo tortura. La hoy cuestionada médica Virginia Creimer, luego de firmar el dictamen de autopsia en conformidad, dijo que el joven fue asfixiado con una maniobra denominada mata león. Sin embargo, al ser consultada sobre el caso puntual de Casco, dijo que «solo hablaba de generalidades en casos de muerte violenta». También se refirió a las supuestas sogas que «utilizaron para fondear el cuerpo», que luego se demostró que Prefectura utiliza para rescatar los cadáveres del río. No pudo dar precisiones al respecto.
El fiscal Fernando Arrigo introduce la duda en su alegato de clausura al plantear que la persona que aparece en los videos de la noche del 7 y madrugada del 8 podría ser el joven Salinas, el chico conocido en la zona de la terminal. Es el mismo que fue visto en la iglesia evangélica, y en un momento se pensó que era Franco pero rápidamente luego de una investigación se descartó dicha hipótesis. En este punto es importante destacar, que quien debe dar certeza y probar las acusaciones, el fiscal, introduce una duda, que como es sabido en todo proceso, es a favor del acusado.
La teoría acusatoria, tanto fiscal como querellas, se sustenta en la declaración de 13 personas que estaban detenidas en la comisaría séptima, de un total de 40, de los cuáles cinco desmintieron categóricamente las declaraciones que se realizaron en instrucción en el año 2015, sin control de los defensores. «Yo no dije eso que usted está leyendo», fue la categórica respuesta de uno de los testigos, y a la vez mencionó «si en algún momento tengo que ir contra la policía, lo haré, pero en este caso no».
Los testigos aportaron características, nombres, apodos y el trato hacia ellos de los efectivos de la comisaría séptima. También se realizó una rueda de reconocimiento, sin respetar lo que establece este procedimiento, en la cual algunos detenidos identificaron al personal reconociendo en muchos casos el buen trato que recibían de los uniformados. A otros que están acusados y no fueron reconocidos por los detenidos.
