La Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario emitió un comunicado tras las graves acusaciones del presidente de la Nación que señala a los profesionales como una “mafia” de la “industria del juicio”.
En respuesta a los dichos del primer mandatario, que tildaron de “gravísimos” dieron a conocer su repudio y postura frente a semejante ataque.
En este sentido, el presidente invade otro poder del Estado, violando la independencia de poderes y se agrava aún más por su función dentro del Poder Ejecutivo. La denuncia antojadiza debiera traducirse en una denuncia penal, en el caso que existan las supuestas mafias, es decir el presidente tendría que reunir pruebas, si las hubiere, acusar a personas concretas con nombre y apellido, si es que existen y presentar una denuncia penal en un juzgado para que se investigue.
Nada de eso se realizó por lo tanto queda en una simple enunciación sin fundamentos y habla de una irresponsabilidad total de parte del primer mandatario, que no es otra cosa que una campaña para desprestigiar y atacar los derechos de los más vulnerables.
Por otra parte, convocan a una manifestación en el colegio de Abogados para el próximo lunes a las 9 de la mañana para que el mismo se pronuncie sobre los dichos del presidente Macri.
El comunicado completo:
Las nuevas manifestaciones de quien dirige el Poder Ejecutivo Nacional caracterizando a jueces y abogados laboralistas como “mafias” y reiterando la referencia a la industria del juicio para definir la labor de abogados y jueces del trabajo, no pueden más que generar esta respuesta por parte de la Asociación de abogados laboralistas de Rosario, rechazándolas y condenándolas no solo por su significado literal, sino por su proyección y las consecuencias sociales que generan.
A poco de conmemorar los 40 años de la noche de las corbatas y el asesinato del Dr. Norberto Centeno -uno de los principales artífices de la Ley de Contrato de Trabajo asesinado durante una dictadura que se cobró la vida de tantos abogados – nuevamente los laboralistas y jueces del trabajo tenemos que defendernos de injurias como las que respondemos, superficiales, faltas de fundamento y absolutamente prejuiciosas.
Pero no solo la ofensa, que lastima y agravia por supuesto, es nuestra preocupación.
Estas manifestaciones no son solo retórica. Ya han pasado a los hechos y tienen su correlato práctico. No se puede acusar al poder ejecutivo de incoherente en este aspecto. Tampoco de originalidad del P.E.N. argentino ya que se está dando en otros países de la región, en el marco de una ofensiva de las clases dominantes contra los derechos de la clase trabajadora.
Con sus dichos Macri marca el camino e insta a autoridades e instituciones provinciales, municipales, profesionales, judiciales, de todo orden, tanto propias como ajenas, para atacar estas supuestas “mafias”.
Las sucesivas denuncias contra jueces de la justicia nacional del trabajo y laboral bonaerense (Dres. Arias Gibert, Marino, Cañal, Raffaghelli, Temis, etc.) ante fallos que “disgustaron” a los poderes ejecutivos nacional y bonaerense, la mención de supuestas irregularidades por el reconocimiento de hipoacusias como enfermedades profesionales por parte de jueces de Rosario formuladas en programas periodísticos, la represión y detención de dirigentes y activistas sindicales en capital e interior del país (docentes en capital que hoy recorren el país con la “escuela itinerante”, dirigentes de ATE Río Negro detenidos, manifestantes reprimidos de la última huelga general del 06 de abril, por citar solo algunos ejemplos), la militarización instada por el poder ejecutivo de Córdoba por una huelga del transporte que suscitó la más amplia solidaridad de los gremios de esa provincia, la reciente suspensión por parte del tribunal de ética del colegio de abogados de Rosario de un laboralista por patrocinar un obrero que se manifestó públicamente pidiendo su reincorporación al empleo, y tantas otras consecuencias avaladas por este discurso, desnudan el derrotero mental de las autoridades de poner en práctica viejas y nuevas formas de represión contra los trabajadores, sus instituciones y defensores, pues así como no hay derechos realmente ejercitables sin garantías y acciones que los amparen, no hay defensa de los trabajadores sin jueces, instituciones y profesionales que los representen.
El art. 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internaciones de derechos humanos suscriptos por la Argentina, las constituciones provinciales, las leyes del trabajo, y tantas normas protectorias son letra muerta sin profesionales que las hagan valer con compromiso y valor. Hoy van por nosotros, pero el objetivo último son las conquistas históricas de la clase trabajadora.
Junto a otras organizaciones convocamos el próximo lunes 19/6 a las 9 hs en el Colegio de Abogados a fin de reclamar el pronunciamiento del mismo contra las manifestaciones formuladas por el jefe del Ejecutivo.
