El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque dispuso procesar con prisión preventiva a 23 personas vinculadas a la banda narcocriminal conocida como «Los Monos», entre los que se encuentran los presuntos líderes de la organización, Ariel Máximo Cantero y Jorge Emanuel Chamorro.
Además, ordenó el traslado de los dos cabecillas desde la cárcel de Piñero, donde se encuentran detenidos, hacia algún penal dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
El abogado defensor del clan Cantero, Carlos Varela, en diálogo con Conclusión indicó que “todos fueron procesados por integrar una asociación ilícita para la comercialización de estupefacientes, agravado”.
Además comentó que la situación de los detenidos “es delicada en términos jurídicos ya que “Guille” Cantero, Jorge Chamorro y Vanesa Barrios están acusados como jefes de la organización y el delito prevé una pena de ocho años de prisión”, indicó el abogado.
De acuerdo a la resolución del juez a cargo del Juzgado Federal de Rosario N°4, los presuntos líderes continuaban manejando el comercio de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad de Rosario desde la Unidad Penitenciaria, donde están presos.
Según informaron fuentes judiciales, ambos impartían directivas que eran ejecutadas por sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, quienes se ubicaban así en las líneas superiores de la organización narcocriminal y fueron detenidas unas semanas atrás.
«Se puede apreciar del desarrollo efectuado el rol de co-organizadores que tenían las cuatro personas, pues más allá de que tanto Lloan como Barrios ejecutaban las decisiones de Chamorro y Cantero, básicamente por tener mayor capacidad de hacerlo materialmente por estar ambas en libertad, mientras ellos no, la actuación de ambas fue imprescindible también para organizar el esquema y llevar adelante las actividades delictivas de todo el grupo», señaló el magistrado en la resolución difundida este martes.
El juez Bailaque asignó a las dos parejas el rol de organizadores de la estructura delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes, mientras que para los otros 21 imputados la calificación legal fue la de presuntos autores de violaciones a la ley de estupefacientes, bajo distintas modalidades.
Los ahora 23 procesados habían sido detenidos a fines de noviembre, en el marco de un megaoperativo que incluyó medio centenar de allanamientos en barrios del centro y sur de la ciudad de Rosario, y en las provincias de Corrientes y de Chaco.
Además de las detenciones, durante esos operativos se secuestraron 500 kilos de marihuana, 5 kilos de cocaína, precursores químicos, armas y vehículos.
En la resolución de Bailaque se menciona que el operativo se realizó ante la inminencia del arribo a Rosario de un importante cargamento de estupefacientes y además que la investigación comenzó en noviembre de 2014 a partir de una comunicación de la
Superintendencia de Drogas Peligrosas que puso en conocimiento del Ministerio Público la comercialización de drogas en una esquina de un barrio del sur de Rosario.
El magistrado dedicó un párrafo aparte, en el fallo de los procesamientos, para señalar la particular situación de Ariel Cantero y Jorge Chamorro, quienes a pesar de encontrarse privados de la libertad no tenían inconvenientes en mantener comunicaciones telefónicas con sus respectivas parejas para manejar el negocio del tráfico de drogas.
«Corresponde señalar que se encontraban detenidos en la Unidad provincial de Piñero y que esa situación de detención previa ofrece dos conclusiones; una es que ambos tenían antecedentes penales siendo que estaban, y continúan estando, detenidos a disposición del poder judicial de la provincia de Santa Fe, y otra es que, estando ambos detenidos, igualmente tenían capacidad desde la unidad de detención como para organizar la estructura funcional para la comisión de estos delitos», apuntó Bailaque.
