El HSBC Argentina indicó hoy que presentó el nuevo esquema de operatividad, tal como lo exigió el Banco Central, con los postulantes para vice y presidente del directorio.
Así sucedió luego de que la autoridad monetaria revocara la licencia del presidente de la entidad financiera en la Argentina, Gabriel Martino, y concediera un plazo de 24 horas para designar un reemplazante.
Con esta medida, la entidad que preside Alejandro Vanoli revió una decisión por la cual en principio no había formulado observaciones para que ambos directivos se desempeñaran como directores del HSBC Bank Argentina.
El banco señaló, mediante un comunicado, que las funciones ejecutivas continuarán a cargo de su gerente general, Andrés Hammar Aldatz, ya que la resolución del organismo sólo afecta al vice y al presidente del directorio.
En ese sentido, aseguró que la entidad financiera «continúa con su normal funcionamiento operativo».
El Banco Central y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) protagonizaron ayer un duro e inusual cruce a raíz de la decisión de la autoridad monetaria de revocar las licencias de los dos máximos directivos del HSBC, quienes deberán abandonar sus cargos y ser reemplazados.
La cámara que agrupa a entidades financieras extranjeras salió en defensa de ambos directivos y advirtió que la resolución tendrá «graves consecuencias» porque «afecta injustamente a uno de sus asociados y a sus directivos».
En la misma línea, la influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA), integrada por compañías líderes y los principales holding del país, expresó su «preocupación» por la conflictiva situación y afirmó que la medida «se adoptó sin permitir que los afectados pudieran hacer uso del derecho de defensa en juicio».
La entidad recordó que anteriormente había apoyado también al ex CEO del Citibank Gabriel Ribisich, quien también fue desplazado por el Central a raíz de un acuerdo alcanzado por esa entidad con los fondos buitre y pidió, como en aquel caso, la «revisión» de la sanción.
La remoción dispuesta por el Central comprende al presidente del HSBC, Gabriel Martino, y a su vice, Miguel Angel Estevez, y se enmarca en la investigación judicial por lavado de dinero y las más de 4.000 cuentas ocultas que empresas y particulares tienen en el exterior.
En respuesta, la entidad que preside Alejandro Vanoli ratificó la medida y reiteró que el banco deberá designar en cuestión de horas a los dos nuevos directivos que ocuparán los lugares de Martino y Estevez.
También el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se metió en la polémica y, tras respaldar al Central, aseguró que «no hay opción para manejar un banco como uno quiera, tiene que hacerlo de acuerdo a la legislación».
La remoción se adoptó a través de la resolución 259, en la cual el Central argumentó que los directivos no dirigieron «las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo».
Un día después de conocida esta medida y a raíz del comunicado de ABA, el Central ratificó la decisión ante lo que consideró «la pérdida de idoneidad de quienes ejercían las funciones de Presidente y Vicepresidente del HSBC Bank Argentina SA».
Explicó que «la facultad de análisis y revisión de los antecedentes sobre idoneidad, probidad y experiencia de los directivos de las entidades está establecida en la Ley de Entidades Financieras desde 1977 y demás normas del Banco Central».
«Nuevamente, la corporación de bancos extranjeros parece perseguir el objetivo de un supervisor débil que deje indefensos a los usuarios de servicios financieros, los que sin una efectiva intervención del Banco Central quedarían expuestos a conductas poco transparentes por parte de administradores de las entidades
financieras», disparó el Central contra ABA.
Agregó que «las medidas adoptadas tienden a garantizar la transparencia y estabilidad del sistema financiero, ejerciendo el Banco Central el poder de policía financiero en defensa del ahorro y el interés público».
«Es falso que en este caso no se hayan respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, por cuanto existen vías administrativas y judiciales para la defensa de los derechos que se consideren afectados», remarcó.
Este comunicado fue consecuencia de otro similar emitido por ABA, que manifestó su «preocupación y rechazo a esta decisión de graves consecuencias que afecta injustamente a uno de sus asociados y a sus directivos».
En inusuales términos, consideró que «la decisión no se ajusta a derecho habida cuenta que no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio ya que se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente vulnerando uno de los más elementales derechos y
garantías que existen dentro del marco del sistema republicano con división de poderes».
«Hacemos votos para que las autoridades competentes, o en su caso la justicia, arbitren los medios necesarios para reconducir estos hechos de acuerdo a lo que marca la Constitución y la ley», señaló ABA.
Además, la entidad manifestó: «Confiamos plenamente en la idoneidad y buen nombre de los mencionados directivos y hacemos saber a la comunidad que se trata de excelentes profesionales, con amplios conocimientos en el sistema financiero argentino e internacional y con una trayectoria de más de 26 y 47 años, respectivamente».
