Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el 2×1 en el cómputo de la condena a represores, el Tribunal Oral Federal 5 se negó hoy a aplicarlo a los casos de Héctor Girbone y José Luis Magnacco, condenados por robo de bebés en la dictadura, una interpretación que podría ser adoptada por otros magistrados.
El tribunal integrado por Adriana Pallioti, Oscar Hergott, Gabriel Nardello rechazó el planteo que había presentado el exteniente de Campo de Mayo Girbone e hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Parenti, quien había dictaminado que el 2×1 era «inaplicable» para condenados por apropiación.
De esta forma, se abrió una ventana para los organismos de derechos humanos, ante la posibilidad de que fiscales y jueces comiencen a distinguir casos y que el precedente sentado por el máximo tribunal en el expediente del represor Luis Muiña no sea aplicable a todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
En el caso de Magnacco, fuentes judiciales confirmaron que el fallo fue firmado por los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia y en él se advierte que el represor no reúne las condiciones formales necesarias para acogerse al beneficio de la ley.
La defensa oficial de Magnacco, exmédico de la Armada que se desempeñó como obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA en la dictadura, había solicitado al Tribunal Oral Federal 5 la aplicación del 2×1 para obtener la libertad condicional.
En el caso Girbone, el fiscal Parenti había advertido que el fallo por Muiña «no resulta aplicable: «La diferencia sustancial radica en que los delitos atribuidos al acusado en el fallo de la Corte cesaron mucho antes de la sanción y de la posterior derogación de la ley 24.390, mientras que Girbone continuó su actividad delictiva con posterioridad a la derogación de la ley 24.390 y, por lo tanto, cometió el hecho durante la vigencia del régimen legal actual», consignó el fiscal.
De esta manera, describió que las privaciones ilegales de la libertad cometidas por el represor que fue beneficiado con el fallo del máximo tribunal cesaron en 1977, antes de la vigencia a partir de 1994 del 2×1 (ley 24.390), y que en el caso de Girbone los delitos se siguieron cometiendo aún después de su derogación, en 2001.
Girbone fue condenado a ocho años de prisión en 2014 por «sustracción, retención y ocultamiento» de identidad del hijo de desaparecidos Pablo Gaona Miranda y tras el fallo de la Corte había presentado un recurso para ajustar su condena al 2×1.
En su voto, la jueza Palliotti señaló que el 2×1 «no puede ser aplicado al caso, toda vez que Girbone permaneció detenido desde el 20 de septiembre de 2012 y fue condenado, por medio de un juicio oral y público, el 9 de septiembre de 2014; motivo por el cual no cumplió los dos años de detención en calidad de prisión preventiva» requeridos por la ley 24.3.90.
Por su parte, Nardiello adhirió al voto de Palliotti aunque recordó la doctrina del máximo tribunal sobre que «los jueces de instancias inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones» a los fallos de la Corte, «salvo que aporten nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición».
Hergott, en tanto, señaló que los delitos de Girbone cesaron en 2012 y que «al no encontrarse en cuestión el principio de legalidad, la aplicación de la ley 25.430 [que derogó el 2×1] era la norma temporal vigente al momento de la finalización de la conducta delictiva reprochada al condenado».
Además de Parenti, también la fiscal federal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, Ángela Ramos, presentó este viernes un dictamen en rechazo al recurso presentado por el represor Víctor Gallo ante el Tribunal Oral Federal 6.
Tanto Parenti como Ramos reclamaron, a su vez, la inconstitucionalidad de la ley: advirtieron que si se entendiera que la derogada ley 24.390 abarca también los crímenes de lesa humanidad sería una ley «incompatible» con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de violaciones de los Derechos Humanos.
En su fallo respecto a Girbone, y sostenido por el criterio de la Corte Suprema, el Tribunal Oral 5 dispuso declarar «abstracto el planteo de inconstitucionalidad».
El planteo de los fiscales fue en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de aplicar el 2×1, esto es el cómputo doble de los días en los que se lo mantuvo en prisión preventiva sin sentencia firme, en la pena del represor Muiña, aunque a partir de ese fallo otros represores sumaron su reclamo para obtener la excarcelación.
Entre ellos se encuentran Víctor Gallo, condenado a 25 años de prisión por plan sistemático de robo de bebés; Héctor Girbone, condenado a 8 años por la entrega del joven Pablo Miranda en Campo de Mayo; y Jorge Magnasco, a cargo de los partos clandestinos de la ESMA condenado a 15 años de prisión; y también lo hizo Juan Antonio Azic, condenado a 14 años por la apropiación de la actual diputada Victoria Donda.
«La conmoción causada en la sociedad radica en que se trata de un caso más que proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, donde el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales. Y que luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron perpetuar la impunidad por esos crímenes», remarcó la fiscal Ramos en su dictamen.
Gallo fue condenado por la apropiación de Francisco Madariaga durante a última dictadura militar y recibió 25 años de prisión (comprensiva de una pena anterior): Abuelas de Plaza de Mayo pidió al Tribunal 6 que en caso que decidan excarcelar a Gallo, incluyan al joven Madariaga en el sistema de protección de testigos ante la peligrosidad que implica que aquel esté en libertad.
«Todavía no pude resolver mi nueva vida y mañana lo tengo libre. Varias veces me gatilló en la cabeza y me mandó a matar tres veces», recordó el joven en diálogo con NA, al borde del llanto.
