Condenaron por fraude a dos funcionarios Vialidad Provincial
Se trata del jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes, Delfino Andrés Scarel, y del jefe de la Zona 1 Reconquista, Osvaldo Sánchez. La pena es a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Dos funcionarios de la delegación Reconquista de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por una maniobra delictiva por la cual se usaron fondos públicos para comprar combustible al que no se le daba el destino que correspondía. Se trata del jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la DPV, Zona 1 Reconquista, Delfino Andrés Scarel de 63 años; y del jefe de la Zona 1 Reconquista de la DPV, Osvaldo Sánchez de 56 años.
Los involucrados son el jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes, Delfino Andrés Scarel, y del jefe de la Zona 1 Reconquista, Osvaldo Sánchez. La pena es a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Por su parte, fue absuelto el delegado gremial Aldo Juan Daniel Mian. El fiscal que investigó el caso es Rubén Martínez.
La sentencia fue resuelta el pasado viernes por el juez Mauricio Martelossi en el marco de un juicio oral y público celebrado en Reconquista. El magistrado también resolvió condenarlos a inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. El fiscal que investigó el caso fue Rubén Martínez.
Fraude
Scarel fue condenado como coautor del delito de fraude a la administración pública; y como autor de los delitos de falsificación de documento; falsificación ideológica de documento; y uso de documento falso o adulterado; todo en concurso ideal. Sánchez, por su parte, fue condenado como coautor del delito de fraude a la administración pública; y autor de los delitos de uso de documento falso o adulterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; todo en concurso ideal.
“Si bien los delitos por los que fueron condenados fueron los mismos por los que habían sido imputados, desde la Fiscalía habíamos pedido siete años de prisión para Scarel y ocho para Sánchez”, aclaró Martínez. En tal sentido, el fiscal del MPA adelantó que “esperaremos los fundamentos del fallo, pero es muy probable que apelemos la sentencia porque no estamos de acuerdo con el monto de la pena que se resolvió”.
Absuelto
En el marco del mismo juicio, el juez Martelossi resolvió absolver a un hombre de 58 años identificado como Aldo Juan Daniel Mian. Se trata de un delegado gremial a quien el fiscal había imputado como autor de encubrimiento de los delitos cometidos por los dos funcionarios de la DPV. También se le había atribuido haber coaccionado al padre del empleado que hizo la denuncia que motivó la investigación.
Otras dos personas más
En la misma investigación hubo dos empleados de la estación de servicio El Cruce que también fueron investigados como autores de los delitos falsificación ideológica de documento y encubrimiento. Se trata de una persona de 36 años y otra de 49, a quienes el juez en la audiencia preliminar les concedió el beneficio de suspensión de juicio a prueba, el cual todavía no fue tratado.
Maniobra
La investigación del caso fue iniciada por Martínez a raíz de una denuncia realizada el 6 de abril de 2015 por Javier Ruiz Díaz –también empleado de DVP– en la Unidad Fiscal Reconquista. “De las pruebas contables llevadas a cabo, se pudo establecer que se usaron fondos públicos para pagar combustibles que nunca llegaba a los campamentos de Vialidad. Se le daba otro destino, pero el pago se hacía con partidas asignadas a Vialidad”, detalló el fiscal.
El fiscal del MPA también señaló que «ante el conocimiento de que su maniobra había sido descubierta, Scarel compró 1.300 litros de gas oil (la misma cantidad que la indicada en tres vales adulterados) con dinero propio y lo envió a los campamentos sin que éstos lo hubieran siquiera requerido”. Martínez también detalló que “por el cargo que tenía en Vialidad, Scarel era quien realizaba los concursos de precios para la compra de combustible y desde el año 2006 ganó siempre la misma empresa”.
En relación a Sánchez, el fiscal dijo que “era quien autorizaba los pagos de las facturas por consumo de combustibles y firmaba los cheques. Eran maniobras coordinadas destinadas a lograr un mismo objetivo: fraude al Estado», concluyó Martínez.