María Luisa Pérez Vara fue condenada a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para ejercer cargos públicos por no concurrir al lugar del hecho, mientras estaba de turno, cuando asesinaron a Luis Medina y Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013. Ese día tanto policías como funcionarios judiciales trataron de ubicarla pero no lograron que la magistrada asistiera al lugar. La explicación de la entonces jueza fue que tenía problemas de salud pero luego las pericias al teléfono desde donde se comunicó la ubicaron en la costa.
La resolución del juez julio Kesuani condenó a la ex jueza a un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por considerarla autora penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal Ana Rabín quien apelará la medida ya que había pedido 2 años de prisión en suspenso, que corresponde a la pena más alta prevista para esta figura penal. Por su parte, el defensor Jorge Bedouret solicitó la absolución de la ex jueza por considerar que no existió dolo ni delito por ausentarse de la escena del crimen.
La fiscal Rabín basó su acusación en una prueba objetiva. El día del doble crimen la magistrada se comunicó desde su teléfono celular con otros funcionarios judiciales, la pericia arrojó que las antenas la ubicaron la ciudad de Cariló, en la costa atlántica. Sin embargo la entonces jueza alegó que el teléfono celular del juzgado de turno había quedado en la oficina, pero luego pudieron comprobar que allí sólo se encontraba la caja. Por este hecho, la magistrada fue sancionada con una multa que le impuso la Corte provincial por irregularidades en su desempeño, de cinco unidades jus, equivalente al pago de alrededor de tres mil pesos.
La sanción se desprende por no haber concurrido a la escena del crimen en la madrugada del 29 de diciembre de 2013 cuando el empresario Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli fueron acribillados a balazos cuando circulaban en un auto por el acceso sur y Ayolas.
La ausencia de Pérez Vara derivó las actuaciones a la jueza Raquel Cosgaya y luego pasó a manos de la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas. El caso sigue sin resolverse.
El argumento de la defensa fue que la jueza no se presentó en el lugar del hecho porque estaba enferma y que el aparato activado en Cariló pertenecía a su hija y ella solo lo usaba en algunas oportunidades. La fiscal contrarrestó este argumento con la declaración de policías y funcionarios que intentaron ubicarla la noche del hecho y no lograron contactarla. También se basó en las pericias técnicas del teléfono del cual se comunicó la magistrada.
Otro informe indica que al día siguiente, los camaristas Ernesto Pangia y Carina Lurati también intentaron ubicarla pero sin resultados positivos.
Otro dato relevante es que le ofrecieron enviarle un médico para que tome una licencia, ya que su esposo se comunicó para avisar que la internarían, pero se negó.
