El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires multó a la firma “Rappi” por 59 millones de pesos, y le ordenó la devolución del dinero cobrado en concepto de “tarifa de servicio” a usuarios y usuarias del distrito.
En un comunicado, se precisó que el Gobierno había imputado en el mes de marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo.
Se indicó que la compañía, “además del gasto por envío, cobra –y continúa cobrando– un cargo extra denominado ‘tarifa de servicio’ que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago”.
“Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”, se puntualizó.
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Desde la cartera productiva se indicó que en el procedimiento llevado a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios “se garantizó a ‘Rappi’ su derecho de defensa”, pero se puntualizó que “la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto ‘tarifa de servicio’”.
Así, las autoridades ordenaron a “Rappi” que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que fue incluido en enero de 2022 y que hasta marzo de 2023 ya ascendía aproximadamente a 13 millones de pesos. Ese monto, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.
“No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar, y agregó: “Si Rappi quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.
En marzo de este año, la provincia de Buenos Aires ya había imputado a las empresas “Rappi” y “PedidosYa” por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos.
En aquel momento, se había detectado que las empresas no brindaban información detallada y precisa respecto a cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo.
De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.
