Este viernes, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe coordinó un nuevo traslado de armas secuestradas en diversos operativos policiales y brindó precisa información sobre el mismo. Durante el operativo oficial, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni brindó una conferencia de prensa, en la que remarcó que el 90% de las muertes que se producen en la ciudad son el producto de disparos de armas de fuego y subrayó que el promedio de armas que se demcomisan en 48 horas, asciende a 40, lo que indica la gran canttidad de armamento que circula ilegalmente en Rosario. También habló del caso Ivana Garcilazo y defendió al cuestionado operador del 911, al tiempo que confirmó que seguirá trabajando en tanto continúe la investigación. 

«Hoy, como lo hacemos tres veces por semana, juntamos todo el material balístico que se incauta en distintos procedimientos. En esta oportunidad tenemos 40 armas de distintos calibres, 9 milímetros, 38, 32, etc. Hay escopetas, rifles, fusiles, también algunos chalecos de antibalas que fueron incautados por la Policía de la Provincia de Santa Fe, a través de sus distintas direcciones, la Unidad Regional 2, la Policía de Acción Táctica, la Policía Comunitaria, la Agencia de Investigación Criminal, que van secuestrando las armas en distintos lugares del departamento de Rosario. Y lo importante aquí es destacar el trabajo. Fíjese que estas armas que hoy estamos mostrando son producto de las incautaciones en dos días, con todo el potencial daño que puede producir».

El ministro Brilloni explicó que tres veces por semana se reúne todo el material balístico, a posteriori de hacer las primeras pericias, con las que se determina si el arma tiene aptitud para el disparo, es decir, si pueden provocar la muerte de alguien. Tras esa verificación, las armas son llevadas al Depósito Judicial en el Centro de Justicia Penal, para que «continúen el derrotero administrativo judicial». «Esto es que pueden ser presentadas en alguna audiencia judicial como elemento de prueba. Y una vez que eso termina, se destruyen».

Aglo importante que señaló Brillonies es que algunas de las armas están registradas y advirtó que, incluso algunas personas  que tienen antecedentes penales, tienen legítimo usuario. «Esto lo hemos verificado después de un pormenorizado seguimiento que estamos haciendo con la Policía de la Provincia. Con lo cual, hemos alertado a la Agencia Nacional de Materiales Controlados a los efectos de que podamos trazar un intercambio de información más fino, de manera tal que toda aquella persona que tiene pedido de captura, que tiene antecedentes penales, o que tiene alguna medida de restricción judicial por alguna cuestión referida a violencia de género, inmediatamente nosotros le informemos a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para que ellos bajen a Rosario, procedan al retiro del armamento, como así también de toda la documentación que avale su legal detenencia».

Otro punto que se destacó en la conferencia de prensa, es que el alto número secuestrado en 48 horas es en realidad el promedio habitual. «Este es el  número promedio,  O sea que si hacemos un promedio de 39 o 40 armas que se incautan cada dos días, evidentemente estamos hablando de un número que holgadamente supera las 3.500 armas que incauta la Policía de la Provincia en prevención del delito y en las investigaciones que terminan generalmente en allanamientos o en alguna detención en la vía pública».

En cuanto al origen de la desmedida proliferación de armas, Brilloni apuntó que provienen del «mercado interno», por decirlo de alguna manera. «O sea, armas de civiles, que tienen legítimo usuario, que tienen portación debidamente registrada, que se las roban o las venden o las ceden o las alquilan. Hay casos en los cuales funcionarios de miembros de fuerzas policiales y de seguridad también han sufrido algún robo, algún hecho delitivo en el cual le han sustraído el arma y que después aparece en algún hecho delitivo. No es en este caso de las 39 armas que vemos acá».

El funcionario dijo también que se necesita un trabajo territorial más operativo por parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. «Esta es una tarea titánica en la cual nosotros nos encontramos muy solos.  En la provincia de Santa Fe tenemos dos sedes, una en Rosario y una en la capital provincial. Me consta, doy fe, que el personal trabaja, trabaja mucho y a destajo, pero necesitamos un control más territorial, aceitar más los mecanismos de intercambio de información de manera tal, que cada persona que pueda tener un pedido de captura inmediatamente tenga una comisión del ANCMaC acompañada de la policía para poder proceder al retiro de la documentación y por sobre todas las cosas, de las armas».

El 911 y el caso Ivana Garcilazo

Consultado sobre la respuesta del operador del 911 al taxista que persiguió a uno de los acusados de arrojar la piedra que terminó con la vida de Ivana Garcilazo, Brilloni señaló que ese día fue «bastante complejo».  «Sabíamos que iba a ser así, por eso se empeñaron más de mil efectivos para el partido Rosario Central-Newell’s. Por eso no solamente nos circunscribimos a hacer un operativo en los alrededores y en la cancha de Rosario Central, sino también en distintos puntos de la provincia. Nosotros consideramos que ese llamado que se ha dado a conocer a través de todos los medios, en el cual un taxista da cuenta de que había una persona que presumiblemente estaba muerta y que iba siguiendo a los sospechosos o a las personas que él refiere que había visto que habían matado a la señora Ivana, el operador tenía dos opciones. O atendía todos los requerimientos, múltiples requerimientos que teníamos en la ciudad, enfocándose a una persona que presumiblemente estaba muerta, según el llamante y que lamentablemente hoy sabemos que la señora murió, en ese momento el operador no lo sabía. Y después tenemos qué hacía el operador ante la información de que podían estar presumiblemente los autores. ¿Qué hizo el operador? Prefirió atender específicamente al hecho de una persona que presumiblemente estaba muerta. Es ahí donde desplaza todos los recursos que teníamos disponibles»,.

El funcionario detalló que entre las 18.30 y las 20.30 se registaron 700 llamadas por distintas incidencias que se producían en Rosario. Héridos, balacera, incidentes entre hinchas de un club e hinchas del otro. «La policía estaba haciendo los acompañamientos a la salida de los clubes y de los dirigentes, que antes del partido se habían agarrado a piñas y que tuvieron que ser separados por los policías. En ese contexto el operador tuvo que tomar una decisión. Un operador que forma parte de un contingente de 610 policías administrativos que fueron incorporados al principio de la gestión de este año. O sea, un policía que evidentemente no tiene toda la experiencia y no tiene el aplomo que le da la experiencia para poder tomar decisiones en una situación crítica, en una situación de estrés. Pero bueno, el señor fiscal entiende que pudo haber alguna inconducta, alguna inobservancia, con lo cual ayer estando en la ciudad de Santa Fe recibí la orden de la fiscal regional para llevar adelante las investigaciones de rigor. Y por supuesto que vamos a responder con el informe con todo lo que nosotros tenemos.  Todo está debidamente documentado y debidamente registrado».

El ministro confirmó que el operador va a seguir trabajando mientrs continúe la investigación.