La enorme vulnerabilidad a las que están expuestos aquellos que deben pugnar por justicia cuando la responsabilidad mayor proviene del propio Estado, es exasperante. Los homicidios que tienen su anclaje en el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, requieren de un estoicismo sin igual por parte de los damnificados para no claudicar en el espinoso camino, y de que la justicia no utilice el velo de la complicidad para esconder su verdadero rostro.

Un caso espeluznante

Estudiante, bonachón, un verdadero ser de luz como lo definen quienes lo conocieron, así era Andrés. Alguien que jamás había tenido inconveniente alguno con la policía, un pibe que sólo había conocido las comisarias desde du fachada externa. Su asesinato atravesó las fibras íntimas de un sinfín de personas, un control rutero que debió haber sido de rutina, se convertiría en su deleznable destino.

“Mi hijo llevaba consigo toda la documentación del vehículo, todo al día como corresponde. En su poder tenía una carabina de colección del año 1860 que era propiedad de su bisabuelo, su idea era vendérsela a un señor en la destilería, pero no pudo ser”, sostuvo Mónica Campoy en charla con Conclusión.

La hipótesis más concreta incrimina a o dos gendarmes, “No sé qué pudo pasar en ese control, lo único que sé es que a mi hijo lo asesinaron de un tiro en la cabeza, lo ejecutaron. Al llegar el fiscal provincial Calle, lo carátula como homicidio agravado por fuerza de seguridad, implicando a los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez”, relató.

Los integrantes de la fuerza represiva nacional argumentaron que Andrés se había suicidado, algo que rápidamente fue desestimado por Calle. “Este fue el ardid utilizado por los asesinos de mi hijo, lamentablemente la causa pasó a manos de los tribunales federales donde el juez Walter Bento es el que atiende en la misma, éste está haciendo todo lo posible para darle protección a los gendarmes y dormir la causa”.

No pudieron abrir el celular de Andrés tanto en Buenos Aires como en Mendoza. Muchas de  las pruebas fueron borradas, en el auto no había sangre, el joven no tenía pólvora en sus manos ni en la ropa. La pericia que debió ser inmediata, tardó 5 días en llegar a los gendarmes.

No fue un suicidio, el argumento falaz utilizado por los efectivos se pulveriza frente a la lógica,  “es imposible que Andrés se haya suicidado, ya que el tiro le ingresa por la parte de atrás de su cabeza, que me expliquen como con una carabina de 1 metro de largo lo hubiese podido hacer”, enfatizó una madre que necesita darle a su corazón y a la memoria de su hijo justicia.

La carabina era una pieza vieja de colección que no funcionaba. La misma desapareció después del asesinato, en el lugar tampoco se encontró el casquillo de la bala.

“Necesito de manera desesperada difundir el caso de mi hijo Andrés, ya que el juez federal Walter Bento lo tiene cajoneado. Pido por favor que la Corte Suprema de Justicia actúe y pueda cambiar al juez, para de esa manera lograr una reautopsia que nos acerque a la tan ansiada verdad. Esto es menester, ya que en Mendoza no pudieron extraerle el proyectil de la cabeza porque se desintegró”.

Lo desgastante que resulta luchar por algo que alivie el alma, “mientras esté guardado el expediente, y nosotros sigamos peleando con el juez, nunca vamos a tener un juicio oral donde los dos gendarmes puedan contar lo que realmente pasó”, concluyó Mónica Campoy.