A 46 años de la Masacre de San Patricio, un crimen contra religiosos que sigue impune

Por Leonardo Castillo

Los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo José Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti –integrantes de la congregación católica de los Palotinos– eran asesinados hace 46 años, un 4 de julio de 1976, por un grupo de tareas en la casa parroquial que habitaban en el barrio de Belgrano, en un hecho que se conoció como la «Masacre de la iglesia de San Patricio».

Desde el año pasado, la comunidad de esa parroquia impulsa acciones como amicus curiae en la causa de lesa humanidad que se sigue por esos asesinatos, pero hasta el momento no hay novedades en el expediente.

El grupo «Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia» insisten en reactivar la investigación de una causa que es instruida por el juez federal Ariel Lijo.

«Hice el preescolar en el Colegio que la Parroquia de San Patricio tiene en el barrio y empecé la primaria ahí, justo cuando comenzaba el Juicio a las Juntas y se ventilaron los crímenes de los religiosos que integraban la orden. Durante años hubo mucho silencio sobre el tema. Pero cuando se cumplieron los 40 años del crimen desde la comunidad decidimos comprometernos para que se haga justicia y este caso no quede impune», señaló a Télam Ramiro Varela, uno de los referentes de este grupo que pretende mantener activa la investigación.

En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R. Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, estaba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la Comisaría 37 para hacer una denuncia.

Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial llamado Miguel Ángel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos, se retiró como si hubiera impartido directivas.

Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que, una hora después de que se retirara el patrullero de la seccional 37, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.

Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical.

Cuando logró ingresar, Savino se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado.

En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: «Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria»; «Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)».

Varela y los integrantes del colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia» plantearon el año pasado que la Justicia debería seguir la pista sobre la participación que pudo tener en el hecho Gonzalo Torres de Tolosa, exsecretario del Juzgado de Menores N° 9 durante la última dictadura.

Bajo el alias de «Teniente Vaca», este letrado era un civil que integraba el grupo de tareas 3.3.2 que operaba desde la ESMA y que comandaba el genocida Jorge «El Tigre» Acosta.

Tolosa tenía una relación familiar con Acosta, y el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo lo señaló ante la Justicia española como participante de los llamados «Vuelos de la Muerte», y también relacionó al funcionario judicial con «La Masacre de San Patricio».

En la ex ESMA, Scilingo estaba encargado de los autos que usaban los represores en los operativos, y en función de las estructuras inorgánicas del terrorismo de Estado tenía como superior, de hecho, a Tolosa.

El abogado y civil le ordenó a Scilingo que había que cambiarle el color a un Peugeot 504, y ante la pregunta del militar le reveló que ese vehículo había participado del operativo en el que resultaron asesinados los cinco religiosos.

La sobreviviente de la ESMA Marta Remedios Álvarez ratificó esa versión de Scilingo ante la Justicia sobre los dichos de Tolosa, condenado por delitos de lesa humanidad.

En octubre de 2021, «Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia» pidió que se cite a declarar al comisario retirado de la Policía Federal Víctor Hugo Randazzo, quien afirma haber estado destacado en las islas Malvinas como agente de inteligencia durante la guerra con Gran Bretaña, pero su nombre no figura en el padrón de excombatientes confeccionado por el Ministerio de Defensa.

Al momento de producirse los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, Randazzo se desempeñaba como oficial principal en la Comisaría 37ª de la Federal con jurisdicción sobre la iglesia de San Patricio.

Randazzo, junto con el comisario Rafael Fensore (ya fallecido), firmó el acta que se labró luego de que fueran hallados los cuerpos baleados de los sacerdotes.

«Fensore estuvo procesado junto al ayudante Miguel Romano como partícipes necesarios del hecho por haber liberado la zona para que se cometa la masacre. El papel de Romano como encubridor fue debidamente probado por el testimonio de los distritos testigos del hecho», le recordó Varela a esta agencia.

En ese documento policial se consigna que «siendo las horas 7.55 de la fecha, se recibe por el aparato telefónico del Estado 51-3333, un llamado telefónico anónimo que dice: ‘En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre'».

Para los integrantes del colectivo que impulsa esta línea de investigación, el contenido de esa acta «entra en franca contradicción con lo relatado por Rolando Savino, el testigo que encontró los cinco cuerpos en la primera planta de la casa parroquial de San Patricio».

Savino, «en reiteradas oportunidades manifestó que realizó la denuncia personalmente en la Comisaría 37ª pasadas las 8 de la mañana en compañía de la señora Celia Harper (integrante de la congregación)», sostiene la presentación.

El colectivo insiste que sobre la denuncia de Savino y Harper, integrantes de la comunidad de San Patricio, «nunca se labró un acta correspondiente» por parte de las autoridades policiales que intervinieron en el hecho.

En sus redes sociales, Randazzo afirma que estuvo en Malvinas como agente de inteligencia, pero su nombre no aparece en los registros oficiales de veranos de guerra elaborados por la cartera de Defensa que pueden consultarse pueden consultarte en la página web http://www.veteranos.mindef.gov.ar/index.php

«No figuro en esos listados como excombatiente porque en Malvinas era jefe de contraespionaje de la Policía Federal y estuve en las islas con otro nombre. En la guerra me hacía llamar José María Fernandez Reuther. Y con los de los palotinos no tengo nada que ver. Fue algo que hizo la Triple A de José López Rega», aseguró Randazzo al ser consultado por Télam cuando su nombre fue sugerido como una hipótesis a investigar en esta causa.

Nacido en Córdoba en 1941, Randazzo pasó a retiro de la Federal en 1986 con el grado de comisario, y según los antecedentes que publica en su página de Facebook, estudió idiomas en Francia, realizó cursos de inteligencia en el FBI y la DEA de los Estados Unidos, y trabajó como investigador y analista de inteligencia para empresas privadas.

Actualmente reside en la localidad cordobesa de Villa Allende, donde evoca su pasado «malvinero» en las redes sociales.