Por David Narciso

Ida y vuelta. Así se trabaja el convenio por la deuda de Nación con Santa Fe por estos días. El borrador cuando llega a la Casa Gris, pasa por los ojos del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía de Estado y el gobernador; lo pulen, marcan lo que no les cierra, proponen otra redacción u otras herramientas y lo devuelven. Cuando llega a la Casa Rosada ocurre otro tanto. El plazo límite del 31 de marzo fijado en el Consenso Fiscal no es un imperativo jurídico, pero “todos son conscientes que los plazos no se pueden estirar más”. Un futuro acuerdo jurídicamente no necesita pasar por la Legislatura, pero una posibilidad es que el gobernador lo envíe para darle mayor volumen político-institucional.

El convenio de pago que se acuna con máxima reserva será novedoso y tiene pocos antecedentes por lo variado de los instrumentos de cancelación que baraja. No habría efectivo sino con títulos públicos, terrenos federales a transferirse a la provincia y obras públicas. La novedad es que, según fuentes consultadas para este artículo, en la propuesta de Nación es “algo mayor” la proporción de obras públicas que la de títulos.

“Está todo sobre la mesa –detalla una fuente que conoce las negociones, incluido el monto final. Mucho depende del atractivo de los instrumentos de pago que se ofrecen. En términos abstractos, se podría acordar una cifra algo inferior a la que solicita Santa Fe si el instrumento es mejor”.

Garantías

Al 30 de septiembre pasado el reclamo formal de capital de deuda generada por detracción de un porcentaje de la coparticipación federal entre 2006 y 2015, sumados intereses y actualización, ascendía a 51.266.000.000 de pesos.

En el caso de los títulos públicos mucho depende de cuál o cuáles son los ofrecidos. Tallan variables como cotización, maduración del bono, plazo, tasa, entre otras características.

En materia de obra pública, la provincia se avino a negociar esa posibilidad pero pretende un reaseguro de que los proyectos se ejecutarán en los plazos y formas que le interesan. Una variable bajo análisis pero aún no cerrada sería convertir de forma automática los atrasos de cada ejercicio en títulos públicos.

Más claro: si el puente equis no se construyó según el cronograma de avance establecido, el equivalente de la obra faltante, parcial o total según sea el caso, se materializaría en títulos a disposición de la provincia.

Además de esas complejidades, el tema del pago con obra pública es muy polémico. Quién hace las licitaciones, en qué plazos, qué perfil de oferentes, quién adjudica, manejo de tiempos burocráticos y de ejecución, disponibilidad de recursos…. Son demasiadas variables abiertas y difíciles de manejar de por sí, más si depende de dos jurisdicciones.

Excepto Cambiemos, a nadie le cierra conceptualmente. Desde la oposición santafesina lo señalaron en varias oportunidades. Y desde el oficialismo, la voz más firme fue la del ex ministro de Economía Ángel Sciara, quien señala que la deuda se contrajo por recursos financieros; que el pago con obras públicas implica permitir que participe de la decisión sobre en qué gastar; o que abandone el programa de obras del Presupuesto 2018 y que le corresponde jurisdiccionalmente financiar (edificios y rutas federales); que el 13,4% de la deuda corresponde a los municipios y si el gobierno nacional interfiere podría romper el equilibrio direccionando obras a favor de los de su signo político; y por último sugiere reservar derechos ante la posibilidad de que San Luis, que desistió de seguir las negociaciones y volvió a la Corte, consiga con un fallo mejores condiciones.

Doble filo

Por lo pronto, el gobernador no le cierra la puerta a la propuesta de cancelar con obra pública buena parte de la deuda. Que haya aceptado analizarla y negociar sugiere algo atractivo que hasta ahora no trascendió.

Por otra parte, se abrió un juego de presiones sobre las prioridades de los proyectos a incluir por parte de la provincia. El intendente santafesino José Corral, aliado de Macri, presiona para que la Lifschitz incluya el puente Santa Fe-Santo Tomé. Destaca que es una necesidad postergada, aunque admite cierta injusticia.

Es que con ese puente y sus obras complementarias el Estado nacional prometió hace años compensar a Santa Fe por haber transformado con recursos propios la autovía de la ruta 19, que es jurisdicción federal. Por lo pronto, el puente Santa Fe-Santo Tomé es otra deuda de Nación.

Sobre estas cuestiones gira la decisión de ambas partes de evitar la mención de cifras. Como se dijo, el monto final estará atado a la calidad de los instrumentos de pago ofrecidos, plazos e interés de los proyectos que se incluyan.