A media mañana se realizó un operativo en barrio Agote, con el desalojo de un local ocupado en Cafferata al 500. El dispositivo fue implementado de manera escalonada con la participación del MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

En diálogo con Conclusión, Omar Pereyra, secretario de Seguridad Pública explicó que “esta intervención lleva aproximadamente un año y medio de desarrollo en base a denuncias efectuadas por los vecinos en el transcurso de ese lapso”.

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En función de un lugar que había sido tapeado para su demolición, se violaron las puertas y gente entró a ocupar el lugar. A partir de ahí comienza el desfile de los vecinos a través de denuncias por el Ministerio Público de la Acusación. Y llegamos hoy a esta situación donde el Ministerio Público decide citar a estas personas, comunicándoles que, el día de hoy, a las 10 de la mañana, debería estar desocupado el local o se procedería al desalojo”, precisó.

Según contó, varias personas se fueron retirando y hoy sólo quedaban dos familias afuera del local, con las cosas en la vereda. “A través del apoyo de la Municipalidad, las cosas fueron trasladadas a los lugares que ellos indicaron y se procedió con eso. No hubo necesidad del uso de la fuerza pública”, valoró.

«Estamos iniciando una nueva etapa de intervención barrial focalizada, y prácticamente se inicia con esta acción que determinó la Justicia, la Fiscalía, esta liberación. Se va a proceder a la desratización ahora por parte de Municipalidad, luego los dueños procederán a tapear el lugar y a partir de ahí esperar los tiempos necesarios para comenzar la demolición conforme ellos mismos lo han expresado», finalizó Pereyra contento con el desarrollo del operativo.

Por su parte, Vilma, la dueña de la casa dijo a este medio que nunca pudo frenar a estas personas que ingresaron a su propiedad privada. «Entiendan que nosotros somos gente de bien y que quisimos hacer todo como corresponde con la justicia», comenzó.

«El 23 de enero del 2023, hace un año y cuatro o cinco meses, tratamos de entrar por última vez. Siempre veníamos y veíamos cómo estaba la propiedad. No la habíamos vuelto a alquilar porque nuestra opción era demoler. Vender, en principio, luego demoler. Para que no pasara esto casualmente. Cuando demolieron la propiedad al lado, se pasaron para esta propiedad. A partir de ahí no pudimos entrar nunca más y a partir de ahí empezamos las gestiones para poder sacar a esta gente», describió.

Luego, contó que «no usamos la fuerza, por supuesto, y ellos tuvieron ciertas agresiones que nos dieron miedo e hicimos todo como correspondía. Lo logramos gracias a la justicia, a la fiscalía, a la policía que colaboró, a la municipalidad, a todos. Gracias porque sin que hubieran participado todas estas administraciones, no se hubiera logrado».

Ante la pregunta de el estado en que encontraron la casa, Vilma fue contundente: «Está a simple vista. Esta es una casa habitable, vivía mi hermano, con todas las condiciones, todo excelente. Vendieron absolutamente todo, puertas, ventanas, muebles, amueblamiento de cocina. Vendieron hasta la escalera para subir al entrepiso. Sacaron la mampostería de aluminio y vidrios que tenía en la puerta, todos los locales, y vendieron las rejas que cubrían esos vidrios. O sea, nos quedamos sin nada, con las paredes«.

«Lamentablemente no hay otra más que demoler. Que se termine de una vez porque fue mucho dolor, muchas gestiones, muchas ideas y vueltas, muchos trámites, pero agradecidos a todos los que colaboraron», lamentó angustiada.

Finalmente, no pudo confirmar que el inmueble se utilice para la venta de drogas pero sí dijo que «no pude entrar a mi casa, ni mis hermanos ni yo, el 23 de enero del 2023 fue la primera vez que no pudimos entrar, así que vivimos una odisea para llegar al día de hoy«.