Por Alejandro Maidana
La espinosa realidad de nuestros pueblos preexistentes al Estado, se torna cotidianamente más compleja. En un marco de creciente pobreza, la marginalidad y criminalización, sirven de ariete disciplinador a la hora del sostenimiento de un deshumanizante status quo. Es por ello que la organización y la revalorización de derechos adquiridos a lo largo de un importante puñado de décadas, se torna imprescindible a la hora de allanar el camino.
Se calcula que 18,5 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones son indigentes, mientras que un 56,3% de las personas entre 0 y 14 años, no tendrá oportunidad alguna para poder darle un sentido digno a su vida. Lo que se dice un país inviable, mientras que la concentración de la riqueza sigue su deleznable curso, la repartija de desdicha no aminora su marcha.
En este firme camino hacia el cadalso social, el modelo de producción imperante, funciona como potenciador de las penurias que nacen, se reproducen y expanden desde la tierra. El monocultivo transgénico apoyado en su inefable paquete tecnológico, expulsó a cientos de miles de familias campesinas e indígenas obligándolas a aferrarse al mortal desarraigo.
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Las grandes metrópolis del 96 a esta parte, explotaron, se masificaron, las villas miserias se convirtieron en pequeñas ciudades dentro de otras. La opulencia contrasta con la miseria, la ruralidad fue invadida por un modelo agrario enemigo de la vida en toda su dimensión. La realidad no es antojadiza, el plan siniestro orquestado por el neoliberalismo, sigue siendo alimentado por los sucesivos gobiernos.
En nuestra ciudad, la lucha por el acceso al agua segura sumado a la crisis habitacional, se funden en una verdadera olla a presión que encuentra en la violencia, la exteriorización de años de opresión y olvido. En este explosivo contexto, Luis Báez, vocero de la comunidad mocoví de nuestra ciudad, se reunió con funcionarios públicos con la intención de acercar posiciones. “Fuimos convocados por la Secretaría de de DDHH a través de Santiago Bereciartua (Director provincial de Protección de los Derechos Civiles y Políticos ) y por la gente de la Secretaría de Seguridad local y Abordaje Territorial, en la figura de Natalia Juárez y Javier Cervantes, con la intención de conocer las distintas inquietudes que atraviesan a las comunidades originarias de Rosario”, le dijo a Conclusión.
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Puntualizamos la problemática que atraviesa a todas las comunidades en torno a la violencia institucional que sufrimos de manera persistente a lo largo de nuestra historia
Un reclamo que vuelve a cobrar fuerza y amenaza con recrudecerse. Violencia policial, enfermedades, hacinamiento y la necesidad de profundización de políticas públicas, conforman el marco de discusión con el Estado. “Puntualizamos la problemática que atraviesa a todas las comunidades en torno a la violencia institucional que sufrimos de manera persistente a lo largo de nuestra historia. Principalmente se planteó hacer un abordaje territorial en donde podamos mantener aquellos referentes de las comunidades, reuniones permanentes con las autoridades policiales, llámese jefe de inspección, comisario o jefe regional”.
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Lo que se trató con mayor énfasis, fue la imperiosa necesidad que tenemos las comunidades originarias de ser incluidas en la mesa de diálogo, ese fue el reclamo puntual que le elevamos al gobierno provincial
En un país donde 6 de cada 10 pibes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, incluso abrazando la crueldad de la indigencia, el tema del consumo problemático complejiza aún más una realidad que oficia de yunque. “El gran problema de adicciones afecta de sobremanera a nuestros jóvenes, es impresionante como la droga está destruyendo a nuestros pibes en las barriadas. Lo que se trató con mayor énfasis, fue la imperiosa necesidad que tenemos las comunidades originarias de ser incluidas en la mesa de diálogo, ese fue el reclamo puntual que le elevamos al gobierno provincial. Necesitamos tener un interlocutor que sirva de nexo directo, ya que en muchas oportunidades no sabemos dónde y con quién hablar”
Existe un enorme desconocimiento sobre los derechos de las comunidades indígenas, los funcionarios deben interiorizarse sobre los derechos que tenemos como pueblo
El desconocimiento de los derechos que gozan nuestros pueblos originarios, choca de frente contra el maltrato estatal que nace y se reproduce desde su brazo armado. “El miedo es el denominador común que acorrala a las comunidades a la hora de realizar una denuncia, por ello necesitamos un interlocutor o interlocutora judicial. Existe un enorme desconocimiento sobre los derechos de las comunidades indígenas, los funcionarios deben interiorizarse sobre los derechos que tenemos como pueblo. Consideramos a la reunión muy positiva, comprometiéndonos en darle forma a próximos encuentros en donde pueda intervenir el Concejo de Pueblos Originarios de Rosario”, concluyó Luis Báez.
