En una nueva audiencia imputativa contra Los Monos en el Centro de Justicia Penal, se solicitó la imputación para ocho personas vinculadas a los hechos de amenazas, extorsiones y balaceras contra locales comerciales en Rosario, que tuvieron lugar entre julio de 2021 y enero de 2022, en una modalidad sorpresiva por los detalles y pormenores que llevaron a ese accionar, con varias aristas relacionadas.
Concretamente, un abogado bonaerense y otro hombre ligado a un presunto servicio de inteligencia se comunicaron con la banda y le prometieron, a cambio de US$160.000, beneficios judiciales para Vanesa Barrios, esposa de Cantero, quien cumple arresto domiciliario en una casa denunciada como usurpada en Funes y está condenada a doce años de prisión por narcotráfico en la causa «Los Patrones».
Luego de efectuado el pago, el engaño fue consumado. Ambas personas se hicieron del dinero y jamáz cumplieron lo pactado, por lo que la organización narcocriminal quizo recuperar la inversión y montó un operativo que consistió en atentados contra un joven, condenado por venta de droga, que había hecho de nexo entre las partes, arrebatándole inmuebles y vehículos. Los lugares damnificados resultaron su establecimiento de la esquina de Mendoza y Matienzo y también el gimnasio del club Unión Americana, en Fisherton.
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En diálogo con Conclusión, el fiscal de la Unidad de Balaceras, Franco Carbone, añadió datos relacionados a la investigación: «En el día de ayer (jueves), empezamos una audiencia que seguramente culmine hoy (viernes), en la cual imputamos una serie de maniobras intimidatorias que configuran una extorsión, donde un grupo de personas obligó al desapoderamiento, la entrega de un inmueble y un vehículo o una camioneta, seguido de múltiples balaceras, en una trama delictiva novedosa».
«Concretamente, es un grupo de personas lideradas por Ariel Máximo Guille Cantero, su pareja Vanesa Barrios, Mariana Ortigala, pareja de Sebastián Felipe, y cuatro personas más, donde la víctima o potencial víctima, en realidad, les vende a ellos un servicio de corrupción en Capital Federal. Tiene vínculos con altas esferas del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de la Nación y un abogado también de la Ciudad de Buenos Aires para que, en principio, a Vanesa Barrios, que está cumpliendo pena en prisión domiciliaria en Funes por una causa del Juzgado Federal, se le pueda quitar la tobillera electrónica que tiene», informó.
«Ante el incumplimiento de este grupo de personas, comienzan las extorsiones y empiezan las balaceras. Son nueve balaceras, nueve documentos que firmaron, desapoderando de la propiedad de un inmueble, en Matienzo y Mendoza, y de una camioneta Ford Ranger nueva a la víctima», detalló sobre el modus operandi.
«Nosotros estamos haciendo la denuncia formal por esta maniobra de corrupción que no nos consta. O sea, no sé si realmente estas personas, pero sí hay chats con distintos interlocutores que pueden dar veracidad de esto. Es un servicio de corrupción para, en una causa tan importante, una persona condenada en el marco de esa cuestión federal. Expone que se sigue trabajando desde la cárcel, que en prisión domiciliaria una de las personas continúa extorsionando, y siempre la figura de quien es el principal ejecutor, la señora Mariana Ortigala, en todo esto, desde el principio al fin, trabajando en estas extorsiones», expuso.
Durante la audiencia, el líder de Los Monos amenazó a Ortigala y fue requisado en la sala donde participaba de la videoconferencia. Consultado sobre ello, especificó: «Nosotros vimos que cuando empezamos la audiencia al día de hoy, por Zoom, él mostró un cuaderno donde presuntamente podía haber una amenaza contra la señora Ortigala, por lo que ordené al Servicio Principal Federal que realice una requisa sobre la sala donde él estaba. Secuestraron un cuaderno, hay unas inscripciones, que será materia de investigación. Yo no puedo ver algo que está ocurriendo en mis narices y no actuar, al menos en el secuestro. No estoy diciendo que sea un delito, sino algo que eventualmente se tendrá que investigar».
«Las balaceras tuvieron como sede el local de calle Matienzo y Mendoza y el club Unión Americana. Todos tenían relación con la familia de quien prometió esta corrupción, víctima, digamos», aclaró.
«Fueron nueve hechos de balaceras que estaban todos concatenados, incluso con papeles, con carteles, donde específicamente le decían a esta persona que pague porque si no se iban a meter con la familia, iban a seguir habiendo balaceras y demás», agregó sobre la formas delictivas.
«Para el señor Cantero no pedimos ninguna medida cautelar porque está condenado con sentencias firmes, cuyo vencimiento falta muchísimo, estamos esperando la resolución del juez», concluyó
