Este lunes 2 de octubre, en el Día Mundial del Inquilino y el Día Internacional del Hábitat, el Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos, que funciona bajo la órbita de la Oficina Municipal del Consumidor, presentó un informe sobre las denuncias recibidas durante 2023 y sobre la situación habitacional actual de los rosarinos.
“Es un día más para reivindicar la lucha y la necesidad de garantizar el acceso al hábitat de manera digna, algo que hoy no está garantizado ya que el inquilino la pasa muy mal, siendo el 50% de los reclamos del área de vivienda vinculadas a las viviendas en alquiler, con vulneración y con violaciones a la Ley 27.551”, comenzó explicando a Conclusión, Ariel D’ Orazio coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos.
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En ese sentido, consideró que la ley que “ha sido bastardeada en los últimos tres años y hoy verdaderamente está siendo pisoteada por parte, fundamentalmente, de la parte locadora dentro de un contrato donde las personas, las familias que tienen que renovar contratos, no pueden elegir el plazo de contratación; donde los valores, en algunos casos, hasta se triplican. Además, ahora también se quiere vulnerar el plazo de actualización de los contratos”.
En este marco, en el Congreso se está debatiendo una nueva ley de alquileres o modificaciones a la actual, que “verdaderamente necesitamos con urgencia”. “Necesitamos que esto se acelere para dar un espaldarazo al marco normativo y que los inquilinos puedan tener reglas claras a la hora de alquilar, porque hoy lo que vemos, son contratos que van entre los tres meses y un año, cuando el plazo mínimo es de tres. Actualizaciones que se dan de manera trimestral o semestral, cuando la ley dice que deben ser anuales; incluso algunos se atreven a plantear, en algunos alquileres, la dolarización”, enfatizó D´Orazio.
“Hoy por hoy es necesario que, como plantea la media sanción del Senado, se exprese de manera concreta la prohibición de dolarizar los contratos porque si bien la situación de los inquilinos es angustiante, si esto sigue prevaleciendo, obviamente vamos a tener muchas más dificultades para alquilar, en un país y en una ciudad donde cada vez hay un porcentaje mayor de personas que alquilan porque no pueden acceder al techo propio”, manifestó preocupado.
Luego precisó que, según el último censo, el 62% de las personas que habitan una vivienda son titulares de la misma. Es decir que, hay un 38% que tienen otro régimen de tenencia como el alquiler, o algún otro más irregular. “Las viviendas que se han construido en los últimos 20 años en la ciudad de Rosario suponen unos 700.000 metros cuadrados anuales, una ciudad que demográficamente no ha cambiado, y, sin embargo, hoy la oferta no satisface la demanda. Es decir, tenemos menos propietarios y mayor número de inquilinos”, ejemplificó.
Según números del Colegio de Corredores hay cerca de 60.000 inmuebles ofrecidos en su plataforma para la compra-venta y menos de 1.000 ofrecidos para el alquiler. “Acá es un problema grave que evidencia la especulación existente y también que se ha construido sin la planificación debida”, señaló indignado y agregó: “Por eso necesitamos la planificación de los tres niveles del Estado porque los permisos de edificación son otorgados por el municipio, porque la ley debe ser reglamentada en la provincia y debe haber también de parte de la provincia una política de Estado que regule qué pasa con las viviendas ociosas”.
“Hoy nos parece que es fundamental la presión fiscal a las viviendas ociosas y con ese dinero recaudado, la planificación y la construcción de viviendas públicas en alquiler, algo que se practica en otros países y lamentablemente en nuestro país somos la excepción y no hay este tipo de políticas públicas destinadas a resolver el problema del hábitat, no solamente de los inquilinos, sino de todos los ciudadanos en general”, dijo al respecto.
Por último, expresó que “al momento de renovar el contrato de alquiler son abusivos los incrementos y también, a pesar de que la ley dice que cuando se está en tenencia de la cosa quien debe disponer de un posible plazo menor al mínimo legal desde 3 años, lo que pasa es que las inmobiliarias o los dueños ya plantean plazos de 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Pero además con un plazo que deja en un grado de indefensión total a la parte inquilina porque la incertidumbre que te genera no saber cuánto tiempo vas a poder habitar y cuánto tiempo vas a poder seguir pagando el alquiler, es verdaderamente angustiante y genera que muchos o no renueven o tengan que aceptar estas condiciones terriblemente desfavorables para las familias que alquilan”.
