La organización no gubernamental defensora de derechos humanos Provea denunció que 750 personas fueron detenidas en Venezuela este año en protestas por falta de alimentos y sometidas a la Justicia.
El portavoz del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) en Derechos Humanos, Inti Rodríguez, alertó además que algunos de esos detenidos han sido encausados por la Justicia militar.
El vocero agregó que a estos 750 se suman 800 personas que fueron detenidas en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro durante el año pasado y que también fueron puestos bajo la jurisdicción de tribunales militares.
«Esto golpea las garantías de derechos humanos en nuestro país, además de crear una nueva categoría de presos políticos por el hambre. Fueron detenidos y enjuiciados por haber participado en protestas por falta de alimentos desde que comenzó 2018 y la respuesta del Gobierno fue la misma que en las protestas de 2017, la represión», dijo en una rueda de prensa ofrecida en Caracas Rodríguez señaló que varios de los 750 detenidos han sido «inconstitucionalmente» sometidos a regímenes de presentación en los tribunales penales o a la Justicia militar.
«Esta nueva categoría de presos políticos va a seguir aumentando, porque la incapacidad del Gobierno para satisfacer y responder a las necesidades de la población de salud y alimentación va a ir escalando por el descontento y la protesta popular», señaló.
Agregó que Provea registra un crecimiento en el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela, en línea con un incremento de la represión.
El representante de la ONG señaló que mientras los casos de violaciones a la integridad personal durante el mandatario Hugo Chávez, entre 2007 y 2012, fueron de 11.101 casos, los de los cinco años del Gobierno de Maduro, entre 2013 y 2018, superan 30.000.
Indicó además que las denuncias de torturas y tratos crueles aumentaron en 2017 en 411 por ciento frente a 2016 por la respuesta que dio el Gobierno a las protestas del año pasado, las cuales dejaron más de 100 muertos.
Provea, una organización critica al Gobierno, trabaja desde 1988 en programas de defensa de derechos humanos y participó junto con el Foro Penal Venezolano (FPV), en la presentación de una campaña para pedir la liberación de unos 302 opositores que siguen presos después de las recientes excarcelaciones ordenadas por Maduro.
El portavoz del FPV, Alfredo Romero, señaló que el Gobierno dijo haber excarcelado a 79 personas sometidas por causas políticas, pero de esos solo 39 eran opositores, ya que los restantes eran procesados por causas comunes.
