El malestar entre sindicatos italianos y miembros del Gobierno que encabeza la premier Giorgia Meloni creció este martes en la previa de un nuevo paro general convocado para el viernes próximo, en medio de reclamos del Ejecutivo a los gremios de que haya fases garantizadas de movilidad en toda la península.

«Es santo el derecho de paro, pero no se puede inmovilizar al país por 24 horas», planteó el vicepremier y ministro de Transporte Matteo Salvini en declaraciones radiales sobre el cese de actividades convocado por los sindicatos CGIL y UIL para sectores como transporte de pasajeros y educación.

«O hacen marcha atrás o deberé intervenir», agregó Salvini, que amenazó así con usar la denominada «precepto», una figura administrativa del Gobierno para fijar por decreto los límites horarios de un paro en sectores que considere esenciales.

Desde la CGIL, el secretario general del sindicato, Maurizio Landini, ratificó la vigencia del paro por 24 horas y sostuvo este martes que «todos deben tener respeto: cuando un trabajador decide unirse a una huelga declarada pierde dinero, no le pagan durante todo el día».

Mientras tanto, la Comisión de Garantías, un organismo bajo control parlamentario para la regulación de las protestas, consideró que «no están dadas las condiciones» para la declaración de un paro general ya que no se alcanza un número sustancial de actividades en la protesta.

Para CGIL y UIL, en tanto, la postura del ente oficial «pone en discusión el efectivo cumplimiento del derecho de paro garantizado por la Constitución».

A través de un comunicado, los sindicatos anunciaron que si bien se mantiene la medida de fuerza para los transportes de pasajeros urbanos, incluidos taxis y remises, quedarán excluidos los aviones y el personal aeroportuario de tierra, además de la ratificación del funcionamiento de los cuerpos de bomberos de 9 a 13.

El lunes, Salvini había acusado a Landini de buscarse «un fin de semana largo», mientras el líder sindical planteó que el vicepremier «no trabajó nunca» y ratificó sus críticas al rumbo económico del Gobierno.

El paro del viernes busca ser el primer paso de una protesta que involucrará a diversas regiones del país hasta diciembre con la que los sindicatos reclaman «subir los salarios» y medidas para trabajadores, jubilados y jóvenes.