El ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado desde la casa en Lima de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel, el 6 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional le restituyera un indulto de 2017 «por razones humanitarias».
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El tribunal abrió el juicio por la llamada Masacre de Pativilca, una localidad agrícola y costera unos 200 kilómetros al norte de Lima donde seis campesinos fueron asesinados el 29 de enero de 1992.
La matanza ocurrió en el marco de la «guerra al terrorismo» que emprendieron las Fuerzas Armadas de Perú contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA, que dejó en total unas 70.000 muertes y 20.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
Los otros procesados son el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos y el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos. Ambos comparecieron igualmente por videoconferencia.
La fiscal adjunta superior, Elsa Delgado Pérez, ratificó la acusación contra Fujimori, Montesinos, Hermosa Ríos y demás procesados por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, y pidió 25 años de cárcel para ellos.
Para la Fiscalía, Fujimori, en su condición de presidente, «elaboró una política para la identificación y eliminación de presuntos terroristas», planes que eran «elaborados por Montesinos y ejecutados por el grupo Colina».
Fujimori tiene otras tres sentencias por corrupción y debe alrededor de 15 millones de dólares al Tesoro público, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.
