Miles de catalanes salieron a las calles en protesta por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la justicia, en medio de una crisis enquistada entre el gobierno regional y el central.
En el frente judicial, el Tribunal Constitucional anuló definitivamente la ley catalana por la que se convocó el referéndum de independencia del 1 de octubre, momento en que se desbocaron los acontecimientos que han sumido a España en su peor crisis política de los últimos 40 años.
Miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio «la liberación de los presos políticos», en referencia a Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban «libertad», «independencia» y «la represión no es la solución».
El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves «en solidaridad» con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.
Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2,6% a 2,3%.
«Todo el apoyo a las movilizaciones, pero sobre todo no caigan en las provocaciones» del Estado español, dijo en rueda de prensa el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, quien advirtió: «La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno».
Este martes por la noche, una manifestación con velas recorrerá una de las principales avenidas de Barcelona, la Diagonal.
Entramos en «una nueva escala de movilizaciones, que como siempre serán pacíficas, democráticas, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Serán acciones que supondrán un paso adelante, acciones directas, con la fuerza de la ciudadanía», dijo a la prensa Marcel Mauri, portavoz de Omnium.
En el plano económico, este martes se supo que 691 empresas se llevaron sus sedes sociales de Cataluña en octubre, más que en los nueves meses previos de 2017, según el Colegio de Registradores.
Los últimos acontecimientos llegan en un momento de bloqueo en el contencioso creado por las ansias de independencia del gobierno de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.
El jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, emplazó a Puigdemont a que clarificara si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que éste contestó con ambigüedad el lunes limitándose a pedir diálogo. Ahora, tiene hasta el jueves para responder de nuevo y eventualmente rectificar.
A todo esto, Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.
«La decisión de privarnos de libertad de la Audiencia Nacional es una decisión carente de todo fundamento jurídico y procesal», dijo Jordi Sánchez, en un artículo publicado en el diario Ara que dejó preparado por si era encarcelado.
Por su parte, Cuixart dejó un video apelando a «la serenidad», y anunciando que su organización trabajará «en la clandestinidad», si es necesario, de manera pacífica.
El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país.
