La ONU propone una renta básica para más de un tercio de la población mundial frente a la pandemia
En su informe "Ingreso básico temporal: protección de personas pobres y vulnerables en países en desarrollo", el Progrmaa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que costaría a partir de unos 199.000 millones de dólares al mes facilitar ese ingreso básico a 2.700 millones de personas en un total de 132 países.
La ONU propuso este jueves la inmediata puesta en práctica de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2.700 millones de personas, más de la tercera parte de la población mundial, que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza, con el fin de frenar el avance del coronavirus.
Estos recursos, señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un informe difundido este jueves, permitirían a la población de los países en vías de desarrollo cumplir cuarentenas y las medidas de distanciamiento social necesarias para contener una pandemia que se torna incontrolable.
En su informe «Ingreso básico temporal: protección de personas pobres y vulnerables en países en desarrollo», el PNUD calcula que costaría a partir de unos 199.000 millones de dólares al mes facilitar ese ingreso básico a 2.700 millones de personas en un total de 132 países.
Se trata, aclaró Achim Steiner, administrador del PNUD, en una entrevista por Zoom ante periodistas, de «una cantidad abultada» pero que considera «asumible para los estados ante la emergencia sanitaria y social que vive el mundo».
«Esto no es un llamamiento de donaciones, no es una ayuda del Fondo de Emergencia de la ONU para las naciones más pobres, sino una propuesta para que los gobiernos de esos países examinen sus opciones para afrontar la pandemia», señala el texto.
«Los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes. Introducir un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo ha surgido como una opción. Esto podría haber parecido imposible hace sólo unos meses», agregó Steiner.
El estudio señala que varios países optaron ya por acciones en esta línea, entre ellos España, que aprobó en junio un ingreso mínimo vital que beneficia a cientos de miles de familias, y otras naciones con menos recursos como Togo, que ha puesto en marcha un programa de ayudas para un 12% de su población.
Otros muchos países ampliaron los beneficios que ofrecían ya sus sistemas de protección social, una medida que choca a menudo con el problema de que muchos de los ciudadanos en situación más vulnerable están al margen de esos sistemas, pues son por ejemplo trabajadores informales, no remunerados o inmigrantes en situación irregular.
La propuesta del PNUD son programas que cubran a toda la población con necesidades durante el tiempo que dure la crisis.
«Creemos que en este momento en la pandemia hay que juntar los aspectos socioeconómicos y sanitarios y que esta es una herramienta que puede ser útil para frenar la expansión del virus», explicó en una conferencia de prensa George Gray Molina, uno de los autores del informe, consignó la agencia de noticias EFE.
Para Gray Molina, uno de los factores por los que la Covid-19 sigue ganando terreno es que muchos trabajadores se ven obligados a continuar con sus actividades para poder sobrevivir y se exponen así al contagio de manera repetida.
«Los rescates y los planes de recuperación no pueden centrarse solo en grandes mercados y grandes negocios. Un ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un salvavidas financiero, inyectar dinero en las economías locales para ayudar a sobrevivir a los pequeños negocios y ralentizar la devastadora expansión de la Covid-19», apuntó Steiner.
Entre las formas de financiar esta iniciativa, el PNUD destaca la posibilidad de que los países usen los fondos que este año tendrían que destinar al pago de deuda.
El G20 acordó con motivo de la pandemia una moratoria para los países más pobres, mientras que la ONU insiste en la necesidad de extenderla a más economías en vías de desarrollo.
También propone la reutilización de los subsidios a los combustibles fósiles o los gastos militares, al tiempo que admite que hay dificultades administrativas y políticas que deberían superarse para poder hacer realidad este proyecto.